Junta esperará a finalizar la reordenación del sector público para dar cifras definitivas sobre funcionarios afectados

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública esperará a finalizar todo el proceso de reordenación del sector público para aportar "cifras definitivas" sobre el número de funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía que se verán afectados por el proyecto de Ley que actualmente se tramita en el Parlamento.

Así lo ha comunicado la titular de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, en una respuesta parlamentaria a la diputada del Grupo Popular Ana María Rico, que se interesaba por conocer "a cuántos laborales y funcionarios de la Junta de Andalucía afectará exactamente el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, expresando los organismos, categorías y puestos de trabajo".

En la contestación, fechada el 23 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, Martínez Aguayo asegura en primer lugar que "la reordenación del sector público andaluz se encuentra actualmente en fase de desarrollo" y añade que, "si bien este departamento realiza estimaciones al respecto, se reitera que se trata de una reordenación en curso y, por lo tanto, se deberá esperar a la finalización de todo el proceso para aportar cifras definitivas".

En cualquier caso, la titular de Administración Pública aprovecha la respuesta para hacer una "importante observación en relación con el proceso de reordenación" y dejar claro que "la consecución de los objetivos de racionalización del gasto, mejora de la eficiencia y solidez del sector público, como medio para alcanzar el objetivo principal de contribuir a la recuperación económica y a la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento, se plantea en el convencimiento y sobre la base de que sólo desde lo público y desde el empleo público podrá conseguirse".

En este sentido, Martínez Aguayo recuerda que "se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que este proceso no supondrá en ningún caso pérdida de empleo público", concluye la contestación a la diputada del PP-A Ana María Rico.