La futura Ley de Retracto en Desahucios incluirá el derecho de tanteo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado que, a instancias de diversos agentes, su departamento ha decidido ampliar el objeto de la futura Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía para introducir el derecho de tanteo que se sumará al de retracto, previamente establecido.

López ha resaltado que en Andalucía "sólo el 28 por ciento de las ejecuciones hipotecarias finaliza en lanzamientos frente al 35 por ciento a nivel nacional", tras lo que ha asegurado que Andalucía cuenta con "el más avanzado marco normativo antidesahucios".

En comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha recordado que el trabajo desarrollado a través de las Oficinas de Defensa de la Vivienda, que han atendido a 10.372 ciudadanos desde su puesta en funcionamiento (octubre 2012) y que prestan servicios de prevención, orientación e intermediación.

López ha realizado un repaso por las políticas activadas por el Gobierno andaluz "para consolidar el ejercicio del derecho a una vivienda digna por parte los ciudadanos andaluces".

Según ha puesto de manifiesto, para conseguir dicho objetivo "hay que desarrollar mecanismos administrativos, normativos y políticos complementarios a los judiciales", por ello se ha referido a la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y del suelo, la Ley reguladora del Decreto a la Vivienda en Andalucía y la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que fue recurrida por el Gobierno.

A estas normas, ha unido el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, en tramitación parlamentaria.

Felipe López ha hecho especial mención al anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas. Se trata de un instrumento "más orientado a mitigar las consecuencias desfavorables del actual escenario de ejecuciones hipotecarias para los grupos sociales más desfavorecidos", cuya entrada en vigor está previsto para el segundo semestre de 2016, por lo que en la Ley de Presupuestos de 2016, la Consejería de Fomento y Vivienda destinará cuatro millones de euros para la adquisición de viviendas a través de las figuras del tanteo y retracto.

El consejero ha informado que, a instancias de diversos agentes, su departamento ha decidido ampliar el objeto de la futura Ley para introducir el derecho de tanteo que se sumará al de retracto, previamente establecido. "La introducción del derecho de tanteo incorpora una mayor eficiencia en la intervención de la Administración otorgándole a su vez mayor seguridad jurídica", ha añadido.

López confía en que una vez sea aprobado por Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Retracto comience su tramitación parlamentaria "con la que se dará entrada a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para que consigamos entre todos enriquecer la norma y forjar un compromiso razonable para proteger el derecho a una vivienda digna", ha precisado.

En su comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha recordado que este anteproyecto "es un instrumento más dentro de la política global de vivienda" y espera que, una vez que sea aprobado por el Consejo de Gobierno, espera que "sea enriquecido" por el resto de formaciones "por encima de intereses partidarios, para poder dar solución a los problemas".

"Se trata de proveer y nutrir al ciudadano de un arsenal de herramientas para evitar un desenlace de desahucio", ha indicado el consejero, quien rechaza que con esta medida se incentiven los desahucios", ha aseverado el consejero, quien rechaza una relación causa-efecto ni que se vaya a fomentar una posición que favorezca a los bancos y asegura que Andalucía "presenta el planteamiento más ambicioso de todas las comunidades".

DESAHUCIOS Y LANZAMIENTOS

El consejero ha resaltado que en los últimos dos años y medio en Andalucía solo el 28 por ciento de las ejecuciones iniciadas sobre cualquier tipo de finca, han culminado en lanzamientos, "porcentaje inferior a la media nacional, que se sitúa en un 35 por ciento, y por debajo de comunidades como Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia o Madrid".

Estos datos muestran, en opinión del consejero, que "en Andalucía son más las ocasiones en las que finalmente las dificultades de pago de las familias pueden reconducirse, a través de una negociación, para evitar la salida de sus hogares".

Por último, se ha referido a los datos del Consejo General del Poder Judicial desde 2013 hasta el primer semestre de 2015, donde se muestra que en Andalucía ha habido 25.543 lanzamientos de inmuebles. Esta cifra supone el 14,8 por ciento del total, "muy por detrás de Cataluña y de Comunidad Valenciana".

"Pese a que en Andalucía tenemos un marco competencial limitado tenemos el firme compromiso de utilizar todas las herramientas normativas y presupuestarias para que nadie esté en situación de desamparo ante un derecho básico", ha aseverado.

ESCEPTICISMO DE LA OPOSICIÓN

La diputada del PP Alicia Martínez considera que la futura ley está "vacía de contenido y vacía de presupuesto", toda vez que "recoge cuatro millones para 2016, de forma que se podrán beneficiar de esa ley unos 24 desahuciados, cuando el pasado año, sólo por ejecuciones hipotecarias de viviendas, fueron más de 5.000 ejecuciones en Andalucía".

"Somos la comunidad con peores datos y el curriculum de la Junta en materia de desahucios es muy lamentable", ha indicado Martínez, quien ha resaltado que España "es el país que menos desahucios tiene gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno central".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White, quien reconoce que algunos aspectos de este anteproyecto agradan a este partido, como que suponga más protección de los consumidores, ha mostrado una serie de "dudas", como la carga económica que supondrá para el presupuesto andaluz y el número de beneficiarios de esta medida.

Hernández White cree que esta medida "puede suponer un aumento de los desahucios y puede registrarse cierta picaresca y suponer un sobrecoste, por lo que pide un informe económico "que valore si esa medida es más o menos eficientes".

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos considera que este proyecto de ley "es un pequeño paso, un conato legislativo, pero que no es suficiente".

Por ello, tras alegrarse de que esa norma "haya incorporado el derecho de retracto", Gil ha recordado que Andalucía "lidera el ranking de ejecuciones", por lo que esta nueva norma "no va a solucionar los problemas de los andaluces ni los problemas con sus hipotecas, y tampoco solucionará qué puede pasar con los alquileres".

La diputada de IU Inmaculada Nieto ha sido muy crítica con este anteproyecto de ley, donde "se produce la paradoja de que al final la Junta está para comprar una vivienda" y se favorezca la posición de las entidades financieras.

Nieto considera que esta lucha contra los desahucios "pasa por una modificación profunda de la legislación estatal" y ha recordado la iniciativa legislativa popular presentada a nivel nacional "pero el PP la tumbó a pesar de estar avalada por miles de firmas". Nieto ha indicado que Andalucía "es la comunidad que más casas vacías tiene".

La diputada del PSOE Manuela Serrano ha criticado la política del PP en materia de vivienda "que ha producido un ataque a los más vulnerables, cerrándole las puertas, pero la Junta abrió puertas con sus políticas".

Serrano ha resaltado que este anteproyecto de ley "ha sido un trámite administrativo y un ejercicio de responsabilidad y rigor en la gestión", que permite "poder continuar con la petición de las gestiones de las ayudas sin necesidad de redactar una nueva convocatoria".