Junta, que ha transferido ya 7,3 millones al Ayuntamiento para pagar la Ayuda a Domicilio, exige responsabilidad

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha asegurado que su departamento ha transferido ya un total de 7,3 millones de euros al Ayuntamiento de Jaén para la atención de la dependencia desde que se puso en marcha la Ley que regula este derecho. En concreto, ha señalado, 1,3 millones para reforzar los servicios sociales comunitarios y seis millones para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio, por lo que ha exigido al Consistorio "responsabilidad" con los pagos que cubren este servicio.

Así, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que el alcalde de la capital, el 'popular' José Enrique Fernández de Moya (PP) culpe a la Junta de Andalucía de "tener muy poca vergüenza" por transferir un dinero "con el que no se ha pagado a la empresa de ayuda a domicilio", es decir, a Macrosad en este caso, que es quien gestiona este servicio en Jaén.

Navarro ha recordado que la Consejería de Igualdad mantiene convenios con todos los Ayuntamientos andaluces y con las Diputaciones provinciales para que, posteriormente, sean estas instituciones las que decidan si prestan este servicio "de forma directa o a través de una empresa". Es por esto por lo que insiste en que "la relación con las personas que prestan el servicio, (es decir, con los trabajadores) es siempre del Ayuntamiento". Como ejemplo, ha destacado que Macrosad atiende a personas dependientes en pueblos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén y que, al depender esta relación laboral de la Diputación de Jaén, "las trabajadoras están al día en los cobros".

Con todo, la consejera ha insistido en que, al contrario de las declaraciones realizadas este lunes por Fernández de Moya, ella no va a entrar "a insultar a nadie" porque su "única obligación es intentar que en ningún momento fallen las transferencias que se hacen a los Ayuntamientos" --las cuales, se hacen por el principio de 'caja única'-- y porque su "máxima preocupación" es desarrollar la Ley de la Dependencia "para que las familias andaluzas tengan, sientan y vean el apoyo que necesitan".

Además, ha asegurado que le "importa poco" el partido político al que pertenezcan los alcaldes de los distintos Ayuntamientos andaluces porque les tiene "el máximo respeto a todos" y porque, "en ningún momento, ni en público ni en privado", ha entrado "a responsabilizar al alcalde de Jaén de la situación actual" porque, según ha recalcado, le da "asco la demagogia". "Pero lo que está claro es que cuando uno es responsable de una institución tiene que asumir las inauguraciones o lo que quede por pagar para poder inaugurar", ha agregado.

"Yo no voy a insultarlo, lo único que digo es que probablemente si él hubiera contestado a mi llamada en julio, pues a lo mejor alguna situación que hay en este momento se estaría llevando de otra manera", ha advertido queriendo "dejar muy claro también que al único alcalde al que yo he llamado en reiteradas ocasiones, incluso recurriendo a la policía municipal, ha sido al señor Fernández de Moya y todavía, dos meses después, estoy esperando a que me devuelva la llamada".

La consejera también ha manifestado "sentirse responsable" de las 192.000 personas que reciben el servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, para las cuales, ha dicho, la Junta "no ha escatimado esfuerzos ni recursos económicos". De hecho, ha insistido en que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha transferido al Ayuntamiento de Jaén un total de 7,3 millones de euros desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia.

Igualmente, Navarro ha recordado que Andalucía "es la única comunidad que paga íntegramente la ayuda a domicilio y que, además, la paga por adelantado a los ayuntamientos". Sin embargo en otras comunidades, según ha apostillado, los ayuntamientos tienen que abonar hasta el 40 por ciento del coste de esta prestación para la dependencia, "de ahí que en la mayoría de comunidades no haya ni una sola ayuda a domicilio". Asimismo, y desde la puesta en marcha del Sistema en 2007, la Consejería ha destinado más de 858 millones de euros a las diputaciones y ayuntamientos andaluces con el fin de financiar este servicio y para el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios que atienden a la dependencia.

Para garantizar que la cobertura de la ayuda a domicilio pueda llegar al 100 por ciento de la población andaluza, Igualdad y Bienestar Social ha firmado 88 convenios de colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Según los últimos datos del pasado 1 de septiembre, en Andalucía hay más de 50.800 personas en situación de dependencia que están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio y que representan el 43 por ciento de las personas beneficiarias de esta prestación en toda España. En cuanto a la creación de empleo, son ya más de 16.300 los profesionales que trabajan en la ayuda a domicilio en Andalucía.

CASI TRES MILLONES AL DÍA EN DEPENDENCIA

En total, en Andalucía se han concedido más de 255.000 prestaciones a más de 192.000 personas en situación de dependencia. Este dato supone que esta Comunidad Autónoma aglutina en torno al 30 por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de la ley de la dependencia de toda España. De igual modo, la Junta invierte una media de casi tres millones de euros diarios en el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que supone un aumento de medio millón de euros al día con respecto a la aportación que realizaba la Junta durante 2010.

El Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía está regulado por la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007 y por la Orden de 10 de noviembre de 2010 que modifica la anterior. La cantidad que se transfiere a los ayuntamientos para la prestación de la ayuda a domicilio se determina en base a la duración del servicio y se financia a 13 euros la hora, según resolución de la Consejería de 23 de noviembre de 2007. De esta forma, la Junta convenia el servicio con los ayuntamientos, que son los que se encargan de gestionarlo de manera directa o a través de acuerdos con empresas.