Protesta de ocho sindicatos profesionales ante el Parlamento contra los recortes

Foto: EUROPA PRESS/SATSE

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Más de 1.000 personas, según los organizadores, se han concentrado este jueves ante el Parlamento andaluz contra los "nuevos recortes" a los empleados públicos "impuestos" por la Junta de Andalucía, en una movilización convocada por ocho sindicatos de los sectores de sanidad, educación, justicia y funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

   Según indican todas las centrales en una nota conjunta, durante la concentración se produjo una hora de pitada ininterrumpida para denunciar lo que consideran "un auténtico despropósito contra el funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico".

   Los ocho sindicatos convocantes son la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos SAF, SMA y APIA; la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), formado por Satse y ANPE; la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (USAE), compuesta por FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios) y SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería); y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia).

   A dicha concentración se ha acercado el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, y durante dicha protesta los dirigentes sindicales se han reunido con diputados de PP e IU para abordar sus peticiones.

   Las organizaciones sindicales han evidenciado "la discriminación padecida por los funcionarios de la Junta, únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014 y que han sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social". Además, los sindicatos han recordado que los funcionarios andaluces son los que tienen los complementos retributivos más bajos de España.

   Bajo el lema '¡Unidos contra los recortes!' y dirigiéndose a los políticos andaluces con preguntas tan directas como '¿Por qué recortáis en los servicios públicos?', las organizaciones sindicales han repartido un manifiesto y han elevado la voz contra las medidas "discriminatorias" del Gobierno andaluz con consignas como 'La Junta nos quita la paga extra', 'Stop al enchufismo', '¡Contra los recortes económicos y de plantilla!' o '¡Por la recuperación del 10% de las retribuciones variables!'.

EFECTOS

   En una concentración sin incidentes y cargada de pancartas reivindicativas, los ocho sindicatos han declarado que los "recortes" llevados a cabo por el Gobierno andaluz "causan graves perjuicios en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, unos efectos colaterales como la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, incluso repercute, por ejemplo, en la calidad de la educación o la seguridad clínica de los pacientes y de los propios profesionales".

   Agregan que la reducción de las pagas adicionales "es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit", de forma que "con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables, se preveía ahorrar, tal y como matiza el plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros, justificándolo en la necesidad de mantener a 25.000 trabajadores del sector público autonómico".

   Para los sindicatos, esta justificación "no tiene razón de ser, pues el coste del mantenimiento de dicho personal perteneciente a la denominada administración paralela es de más de 840 millones de euros anuales, por lo que el recorte previsto apenas da para pagar el 15 por ciento de dicho personal".

   Durante la protesta, los sindicatos han recalcado que la Junta de Andalucía "no repara en gastos a la hora de crear nuevas agencias y estructuras, de mantener edificios administrativos en propiedad y en alquiler, algunos vacíos, o de reducir mínimamente el gasto en asesores".

   Así, las organizaciones sindicales manifiestan su indignación y reprenden a la Junta de Andalucía "que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos".