El Parlamento convalida el plan de ajuste de la Junta con el voto en contra del PP-A y de dos diputados de IULV-CA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado el decreto de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, todo ello con el voto en contra del PP-A, así como también de los dos diputados de IULV-CA por la provincia de Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura, quienes han roto la disciplina de voto marcada por la federación de izquierdas, dado que su Ejecutiva aprobó el pasado lunes que el grupo parlamentario apoyara la convalidación del citado decreto en la Cámara andaluza.

Los dos diputados de IULV-CA han votado tanto en contra de la convalidación del decreto-ley del plan de ajuste de la Junta como de su tramitación como proyecto de ley, una tramitación que ha sido apoyada por el resto de diputados que componen la Cámara andaluza.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que ha solicitado en el Pleno del Parlamento la convalidación del citado decreto-ley, ha defendido que el compromiso con la estabilidad presupuestaria ha de ser compatible con la puesta en marcha de políticas de reactivación económica y de estímulo, considerando que "apostar exclusivamente por la consolidación fiscal nos parece poco racional".

En su intervención en la Cámara andaluza, Aguayo se ha mostrado convencida de que, sin crecimiento, ningún país va a poder sanear sus cuentas y ha insistido en la idea de que "impulsar el crecimiento es determinante para poder solucionar nuestro principal problema, que es el desempleo". Si bien, sobre el contenido del decreto-ley, ha explicado que recoge todas las medidas previstas en el plan económico, que requieren de rango de ley para su aplicación.

Ha recordado que en el Plan se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de déficit establecido para el año 2012. Medidas dirigidas, por una parte, a posibilitar ingresos adicionales, por importe de 1.000 millones de euros y, por otra parte, a reducir el gasto previsto, por importe de 2.500 millones.

Finalmente, la consejera ha reiterado que Andalucía "cumplirá su compromiso" con la estabilidad presupuestaria, aunque el objetivo de déficit fijado es "injusto, insolidario y desproporcionado", tanto en lo que se refiere al reparto del esfuerzo de ajuste entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

PP-A DENUNCIA UN "RECORTE BRUTAL" A LOS FUNCIONARIOS

En el turno de intervenciones de los grupos políticos, el portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, ha calificado el plan de ajuste de la Junta como un recorte "brutal" para los empleados públicos y también para el conjunto de la ciudadanía. Y es que, según ha apuntado, dichos recortes afectarán a la calidad del servicio público y supondrán "una brecha" en el estado del bienestar.

Para el diputado 'popular', el Gobierno andaluz ha optado por recortar y no por reformar. "Para sanear las cuentas públicas había otro camino, el de la reforma de la administración y el de la austeridad, pero el gobierno de la izquierda única no ha querido tomarlo y ha preferido llevar a cabo un recortazo", ha señalado.

Rojas, que ha reprochado al Gobierno andaluz que "no dé la cara" por sus trabajadores públicos, ha considerado que la negociación con los sindicatos ha sido una "farsa" y que por ello no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo. Asimismo, ha indicado que hace falta un Gobierno andaluz "capaz de hacer sacrificios y no de imponérselo a los ciudadanos".

PSOE-A VE UN "CASTIGO INJUSTIFICADO" A ANDALUCÍA

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Caballos ha dicho que este "gobierno de progreso" está demostrando que se puede afrontar la crisis de otra manera, "manteniendo el estado del bienestar, sin despidos ni privatizaciones y pidiendo un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, más ganan y más heredan". En su opinión, se está imponiendo a Andalucía por parte del Gobierno de la Nación "un castigo tan injustificado como injusto, porque el total del ajuste a todas las comunidades, Andalucía tiene que poner más del 20 por ciento, cuando es la comunidad con menos deuda por habitante".

Caballos ha ofrecido al PP-A que si tan preocupados están "como dicen" con la reducción del salario a los empleados, vayan de la mano con el PSOE-A e IULV-CA a defender en Madrid que el déficit a las comunidades no se imponga por el PIB, sino por el peso poblacional, lo que supondría que el ajuste se redujera en más de 600 millones, con lo que podría ahorrarse gran parte del recorte al salario de los funcionarios.

El diputado socialista, que ha insistido en que la gran prioridad de este decreto es "el empleo, el empleo y el empleo", ha indicado que su grupo parlamentario apoya este decreto por "lealtad" a España y al cumplimiento de las leyes, "aunque no nos gusten". "Tenemos un compromiso con nuestro país y vamos a cumplirlo", ha apuntado Caballos.

IULV-CA SE SIENTE "PROTAGONISTA" DE "IMPORTANTES CAMBIOS"

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha comenzado su intervención queriendo dejar claro que no hay dos recortes, uno del Gobierno de Rajoy y otro de la Junta de Andalucía, sino que hay sólo uno: el "impuesto" por el Gobierno central al Gobierno andaluz. "Rajoy sí tiene márgenes de maniobra para evitar recortes que no tiene Andalucía, pero que no quiere utilizar", ha añadido.

Ha puesto en valor el "sacrificio" de los funcionarios que verán reducido su salario y ha dicho que el plan de ajuste no solo exige recortes a los trabajadores públicos, sino también a toda la sociedad, en relación a la caída en inversión. Según ha apuntado, IULV-CA ha sido "protagonista" en la consecución de "cambios importantes" respecto a lo que era el plan inicial.

Entre ellos, García ha citado que no se reduzca el salario a los empleados 'mileuristas', la reversibilidad de los derechos para 2013 o que el recorte del sueldo a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento. Además, ha garantizado que su grupo parlamentario trabajará para que en la tramitación como proyecto de ley de este decreto pueden introducirse nuevas mejoras.