Pastrana dice que UGT no intervino en ERE de Saldauto y que los presuntos 'intrusos' no eran del sindicato desde 2005

"No es achacable a la Junta ni a sindicatos" los presuntos cambios en la vida laboral en el ERE de Minas Riotinto porque "no tienen posibilidad de cambiarla"

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha defendido este viernes que su sindicato no intervino en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Saldauto y, además, ha asegurado que los dos presuntos incluidos de forma irregular en éste ERE dejaron de ser del sindicato a partir de diciembre de 2005.

En rueda de prensa para analizar el Acuerdo Social y Económico junto al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, Pastrana ha afirmado "rotundamente" que "UGT no ha intervenido en ningún momento y desde ningún punto de vista para que estas personas aparecieran en el expediente en el que se dice que aparecen", después de que, según ha publicado El Mundo este viernes, la Consejería de Empleo incluyó a dos sindicalistas de UGT de Córdoba como intrusos en el ERE del concesionario sevillano de coches Saldauto, tras quedarse fuera de las prejubilaciones de la empresa Muebles de Madera Promi, en Cabra (Córdoba).

Pastrana ha señalado que estos dos presuntos 'intrusos' "dejan de estar vinculados a UGT en diciembre de 2005, aunque sí fueron elegidos por los trabajadores como delegados en las listas de UGT en 2003, pero a partir de 2005 sólo aparecen en nuestros ficheros como afiliados en situación de baja y no hemos tenido más referencias de ellos".

Asimismo, ha explicado que estas dos personas no estaban incluidos en el ERE de la empresa Promi porque "cuando se realizó no estaban ya en la empresa, se habían ido" y porque el expediente se hizo en una de las secciones, concretamente en forja, y ellos habían pertenecido a la carpintería.

De esta manera, ha indicado que si aparecen en el ERE de Saldauto será porque "alguien los ha introducido en ese expediente", en el que "no intervino UGT", ya que "se negoció y formalizó entre empresa y Administración", mientras que en el de Promi, en el que sí intervino este sindicato, "no aparece nadie que no le correspondiera".

Además, ha apuntado que el sindicato "no puede poner en marcha" ninguno de los mecanismos que había previsto para el caso de los ERE irregulares contra estas dos personas, ya que "no se pueden expulsar porque no son afiliados de UGT ni se puede proceder contra ellos por las actuaciones que hayan hecho a partir de 2005 porque difícilmente se puede justificar que lesionen de alguna manera los intereses de UGT".

Por último, el secretario general de UGT-A ha querido señalar que cuántos años deben pasar para que alguien que estuvo en su día en UGT y después haya cometido cualquier anomalía o delito deje de relacionarsele con el sindicato.

ERE MINAS DE RIOTINTO

Por otra parte, Pastrana ha llamado la atención sobre el presunto cambio en la vida laboral de los trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo de Minas Riotinto y ha afirmado que "no es achacable ni a los sindicatos ni a la Junta", ya que los sindicatos "no tienen ni remota posibilidad de tener acceso, ni la Junta puede intervenir en la Seguridad Social para poderla cambiarla".

"Ni sindicatos ni la Junta pueden modificar de ninguna manera la vida laboral de nadie para adaptarla a su encaje en un posible expediente de regulación de empleo, eso depende sólo y exclusivamente de la Seguridad Social y no son los sindicatos ni la Junta la que gestionan la Seguridad Social", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que a finales de la década de los 90 y principios de la década del 2000 se planteó tal situación en la cuenca minera de Huelva que "el Gobierno del Estado, la Junta, los sindicatos y las administraciones de la zona consideraron que era una situación límite y realmente de alarma social y se buscaron distintas soluciones dentro de la legalidad para paliar aquella situación".

De esta manera, ha apuntado que se tomaran decisiones de "común acuerdo" entre "el Gobierno del Estado y sus representantes en Andalucía", la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales. De manera que si hubiera alguna anomalía "no puede achacarse a las organizaciones sindicales ni a la Junta" porque "no tenemos posibilidad de cambiar la vida laboral de nadie".