SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado este martes que su formación está estudiando la posibilidad de presentar un segundo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por el nuevo decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, antes del 26 de febrero, fecha límite para ello, argumentando que esta normativa, ya en vigor, tiene numerosos artículos que son "exactamente iguales" a los del anterior decreto.
Durante su intervención ante los medios, tras visitar una guardería en Sevilla, Arenas ha afirmado que los motivos de "inconstitucionalidad" de este nuevo decreto "subsisten" del primero y que, "aunque hay algunos matices" en el nuevo texto normativo, fruto del acuerdo con CC.OO y UGT, siguen vigentes "los vicios clarísimos de inconstitucionalidad".
Asimismo, el líder de los 'populares' andaluces ha considerado una "buena noticia" para Andalucía y para los funcionarios que el TC haya admitido a trámite el recurso que su formación presentó ante el primer decreto-ley de ordenación del sector público andaluz. Ha afirmado que el PP lo va a mantener pese a que ya no esté en vigor porque "se puede sentar doctrina".
Al hilo de ello, Arenas ha apuntado que el hecho de que su formación presente un nuevo recurso al decreto-ley que se va a tramitar como proyecto de ley dependerá de la actitud de la Junta de Andalucía. "No se puede decir que se han equivocado pero mantenerlo todo igual", ha apuntado el presidente del PP-A.
En esta línea, ha indicado que para que su formación decida no presentar este nuevo recurso, el decreto que esté en vigor tendrá que derogarse y el Gobierno andaluz tendrá que sentarse a negociar con todos los sindicatos que representan al funcionariado. "Si todos los sindicatos se ponen de acuerdo yo también voy a decir sí", ha añadido.
Finalmente, preguntado sobre la postura que su formación va a mantener durante la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, Arenas ha indicado que su formación lo tiene "muy claro" y que en todo momento va a defender la profesionalización de la administración, la garantía de mérito e igualdad de oportunidades y la reducción de personal directivo político.