PP-A insiste en la derogación del Decreto-Ley de reordenación del sector público y dice que "no es cuestión de flecos"

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha insistido en la necesidad de que se derogue y paralice el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz, añadiendo que "no es cuestión de flecos o matices", en respuesta a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien este lunes se mostró dispuesta a "modificar" el decreto si hay "algún fleco no bien recogido".

En rueda de prensa, Sanz ha indicado que, con el objetivo de que dicha normativa sea paralizada, los diputados del PP en el Congreso presentarán este miércoles en Madrid un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que argumentará, entre otras cuestiones, que el decreto vulnera el derecho de acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha afirmado que otras de las razones que su formación esgrimirá es que el texto aprobado por la Junta atribuye el ejercicio de potestades públicas a entidades sometidas al derecho privado, y por tanto sin los controles y sin la fiscalización a los que están sometidas las entidades de derecho público.

Los 'populares' destacarán también que el decreto incumple el mandato estatutario que impide al Ejecutivo andaluz dictar este tipo de normas salvo extraordinaria y urgente necesidad, así como también que la normativa no ha sido negociada en la Mesa Sectorial de Negociaciones de la Función Pública, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical que la Constitución reconoce a los trabajadores.

"AMENAZAS" A LOS FUNCIONARIOS

De otro lado, el número dos del PP andaluz ha considerado "inaceptable" las "amenazas" que según dijo se han realizado por parte de la Administración andaluza a los trabajadores de la función pública que se han mostrado abiertamente en contra del citado decreto y que han participado en diversas manifestaciones.

"Hay listas negras, amenazas sobre posibles represalias e imágenes de grabaciones de los asistentes a las movilizaciones", ha denunciado Sanz, quien ha insistido en que esto tiene que desaparecer "porque es incompatible con el funcionamiento democrático de la Administración e impropio de un sistema democrático".