PSOE-A reclamará a la Junta en el Parlamento que colabore con Fiscalía en el esclarecimiento de casos de robos de bebés

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento de próxima semana en la que se insta a la Junta a participar de forma activa en el análisis de los casos de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales en Andalucía durante el franquismo para conocer su dimensión y sus consecuencias, impulsando la interlocución con las asociaciones de víctimas, y a "colaborar con la Fiscalía para apoyar las investigaciones, impulsando medidas de apoyo y servicios para contribuir al esclarecimiento de los hechos".

En la iniciativa, que ha sido presentada por el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, se plantea que el Parlamento manifieste su solidaridad con todas las madres y padres víctimas "de la trama de adopciones ilegales que presuntamente funcionó al amparo de instituciones hospitalarias y eclesiásticas" durante el franquismo, así como de sus descendientes a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores.

Asimismo, se pide que el Parlamento apoye el impulso a la investigación de los casos denunciados, que se sancione a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada, si éstos así lo desean, y que respalde la puesta en marcha de medidas que favorezcan la gestión de las denuncias y la agilización de los trámites que permitan la identificación y localización de los desaparecidos, tales como banco de ADN, asesoramiento legal, facilitación de los procesos de búsqueda de información o creación de una oficina de gestión documental.

Asimismo, el grupo socialista plantea que la Cámara autonómica apoye el desarrollo de instrumentos para atención a las víctimas por parte de la Administración y que se facilite el acceso a las pruebas de ADN a las personas que hayan formulado denuncia, para que los mismos puedan introducirse en la Base de Datos Conjunta de personas desaparecidas en España puesta en marcha por el Ministerio del Interior, de forma que los investigadores puedan realizar cruces con los archivos de ADN, para resolver muchos casos pendientes en toda España.

El PSOE-A manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa que la proliferación en los últimos meses de denuncias relativas a las desapariciones de bebés robados a sus familias durante la dictadura franquista y de posteriores adopciones ilegales hasta los años ochenta ha puesto en evidencia la dimensión de un fenómeno que ha permanecido latente durante décadas en nuestro país.

Recuerda que, según datos de la Plataforma de Niños Robados, ligada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), la identidad real y biológica de un millón de españoles podría estar falseada debido al escándalo del robo sistemático de recién nacidos durante medio siglo.

De confirmarse estos indicios, en opinión del PSOE, estaríamos ante un problema de una enorme proyección y calado social, ya que se calcula que pudieron ser más de 300.000 los niños y niñas adoptados de forma irregular desde los años 40 hasta los años 90 del siglo XX. Apunta que teniendo en cuenta la descendencia de estas personas una vez llegadas a la etapa adulta, sería posible que más de un millón de españoles y españolas tuvieran una identidad falseada, sin concordancia con los apellidos de sus padres biológicos.

Según el PSOE, el robo de bebés surgió en la postguerra como un método represivo contra las madres republicanas presas y lo que comenzó siendo un instrumento más de represión política, se fue transformando "en un negocio de corrupción que amplió sus ramificaciones por toda España, del que eran víctimas normalmente madres solteras o con poco poder adquisitivo, que al dar a luz eran desposeídas de sus bebés con el pretexto de que habían muerto". De los 30.000 niños afectados durante la guerra y postguerra, se pasó a unas 300.000 adopciones ilegales en las décadas posteriores, incluso durante la democracia, según informa el grupo socialista.

"La comunidad autónoma de Andalucía debe asumir un papel preponderante en cuanto a la máxima colaboración con estas investigaciones, a la par que en cuanto a la manifestación de solidaridad para con las familias afectadas", según el PSOE-A.