El SAF apunta a dos autos del TSJA que "vuelven a prohibir la consumación de la reordenación del sector público"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha dictado dos nuevos autos de suspensión cautelar contra los protocolos de integración del personal en las Agencias de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de Gestión Agraria y Pesquera, de forma que, a juicio del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), estos dos autos de suspensión cautelar "vuelven a prohibir la consumación de la reordenación del sector público".

En una nota, el sindicato ha recordado que estos nuevos fallos se suman al resto de paralizaciones conseguidas también por las plataformas y asociaciones de funcionarios públicos.

El sindicato se pregunta que, "llegados a esta situación, en la que la Justicia manifiesta repetidamente a la Junta de Andalucía la ilegalidad que supone alojar al personal externo en la Administración pública, dónde se encuadra dicho personal, en qué situación jurídica se encuentra o Cuál es la actividad que realizan si, según los tribunales, no pueden trabajar en la Administración".

Han apuntado que los sueldos "algunos casos, triplican a los de cualquier funcionario". Asimismo, se preguntan "cómo continúa la Junta de Andalucía pagando con dinero público a estas empresas privadas que, legalmente, no pueden trabajar para la Administración, acaso estas empresas privadas están extinguidas realmente", ante lo que considera que "si no es así, la Junta estaría incumpliendo su propia Ley".

El SAF lamentó que "en contra de leyes y de jueces, la Junta mostró públicamente su intención de continuar con el proceso de reordenación del sector público andaluz" y se pregunta "qué pasa con las sentencias y autos que tumban los estatutos de las Agencias y los protocolos de integración del personal".

El sindicato advierte que "de seguir adelante, la Administración estaría cometiendo delitos tan graves como malversación y prevaricación".

Considera que la Administración General de la Junta de Andalucía "está dividida, prácticamente a partes iguales, en funcionarios públicos, personal laboral fijo y personal externo de empresas públicas, es decir, la Administración soporta el mismo número de funcionarios, que han conseguido su puesto bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, que de externos de empresas públicas elegidas sin procesos reglados de ningún tipo".

El SAF apunta que "la Administración paralela cuesta al ciudadano 2.564 millones de euros --vía transferencias y subvenciones-- y los gastos de personal suponen unos 877 millones, con el consiguiente desfase entre beneficios y pérdidas de casi 8,5 millones".

Ha agregado que los magistrados reiteran en los distintos dictámenes a la Junta que "las funciones asignadas a las agencias pueden ser desempeñadas por el personal funcionario de las distintas consejerías, tal y como se ha hecho antes del personal externo".

Se pregunta entonces, "qué le impide a la Administración reducir el desorbitado volumen de empresas públicas que han metido con calzador en los presupuestos de la comunidad andaluza".

"Por qué no se ofertan puestos de trabajo en ofertas de empleo público para que cualquier ciudadano pueda acceder en igualdad de condiciones", se pregunta el SAF, que lleva "años" exigiendo a la Junta que "responda a todas estas preguntas y aclare los datos de los miles de externos que engordan la Administración, tales como funciones que realizan o sueldos que cobran".