SAF insta por escrito a la Junta a "abonar las pagas extras a funcionarios" y denuncia "discriminación y arbitrariedad"

Actualizado: miércoles, 15 mayo 2013 16:42

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha exigido por escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública y su departamento que "inicie las vías de legislación de urgencia previstas en el Estatuto de Autonomía o demás medidas necesarias par derogar los artículos 7.1 de la Ley 3/2012 y 13.5 de la Ley 5/2012 y que proceda a abonar al personal funcionario de la Junta de Andalucía las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre".

En una nota, el sindicato denuncia la "discriminación, la arbitrariedad y el incumplimiento de los principios constitucionales que supone recortar las pagas adicionales a los funcionarios andaluces, único personal público en España que soportará estos recortes".

SAF hace esa petición "en función de las competencias de planificación del sector público y de elaboración de propuestas y coordinación de la política del Consejo de Gobierno en materia de régimen de personal al servicio del sector público que le son atribuidas a esta Consejería".

Tras las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz, SAF recuerda que el recorte de las pagas adicionales del personal funcionario andaluz "no es consecuencia de ninguna medida estatal, sino que es libremente decretada por la propia comunidad autónoma".

Por ello, el sindicato pide al Gobierno autonómico que "deje de cebarse con sus funcionarios, personal que mayores recortes retributivos va a sufrir dentro de todas las administraciones públicas".

SAF ha recordado que "hace casi un año, el 22 de mayo de 2012, se aprueba mediante acuerdo de Consejo de Gobierno el*Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 que prevé la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre". Ha agregado que la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta "reflejó dicha supresión".

Agrega que, por el contrario, la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para este año 2013 "no recoge recortes en los complementos específicos percibidos como paga adicional y confirma que 'el complemento específico anual se percibirá en 14 pagas iguales de las que 12 serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente'".

Con la eliminación de las pagas adicionales, asegura el sindicato en su escrito, "se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, quiebra perpetrada por la Ley 3/2012 y la 5/2012, al no acreditarse un interés general prevalente en las mismas".

SAF remarca la clara arbitrariedad de los poderes públicos en la toma de decisiones y denuncia que dicha supresión es discriminatoria y viola los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos recogidos en la Constitución.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su "indignación" ante "unos recortes que inciden con mayor intensidad sobre un sector concreto de la población, el del personal funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables". "Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los servicios públicos y su personal, mientras la externalización o las ayudas de alquiler de altos cargos, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos", ha aseverado la central sindical.

EL SAF considera que la Junta de Andalucía "también vulnera el principio de proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima".

"El Real Decreto Ley 8/2010 conllevó la reducción del sueldo base, trienios y complemento de destino del personal funcionario en un cinco por ciento de media y la merma de la paga extraordinaria de entre un 46,30 por ciento, correspondiente al Grupo A1, y un 1,3 por ciento, para el personal del Grupo C2, mientras que, más tarde, por decreto ley 2/2010 se reduce un cinco por ciento del complemento específico y de la productividad del personal funcionario de la Junta; y todos estos recortes se mantienen a fecha actual", ha agregado.

Ha indicado que se añade la eliminación de la paga extra del pasado mes de diciembre y la congelación salarial que sufre el personal funcionario desde 2010, ante lo que apunta que esta congelación "supone una pérdida del poder adquisitivo del personal funcionario de Andalucía superior al 30 por ciento en los tres últimos años".

Además, apunta que el paquete de medidas de recorte de gasto público "abarca desde la disminución de días de asuntos propios, el aumento de la jornada laboral, la suspensión de ayudas de acción social, la reducción de un 15 por ciento de la jornada y retribuciones del personal interino, la disminución de plazas ofertadas de nuevo ingreso que no puede exceder del 10 por ciento de la tasa de reposición de efectivos con la consiguiente disminución de personal funcionario en los últimos años".

Ante la evidencia, SAF manifiesta que el personal funcionario "ya ha sufrido sobradamente los recortes impuestos para cumplir los objetivos de reducción del gasto público, por lo que el nuevo tijeretazo del Gobierno autonómico al eliminar la paga adicional correspondiente a la paga extraordinaria, ya mermada desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010, supone un sacrificio insostenible para los funcionarios de la Junta".

Asimismo, ve que "llama la atención que la comunidad autónoma que más ha criticado los recortes adoptados por el Gobierno central sea la única, junto a Cataluña, que adopta nuevos recortes que inciden directamente en las nóminas de su personal funcionario". No obstante, matiza que el personal funcionario de la Generalitat "percibe anualmente unos complementos específicos superiores entre un 25 y un 50 por ciento al del personal de la Junta de Andalucía".