SAF lamenta que directoras generales de Junta imputadas "aluden a la Ley de Protección de Datos para no dar información"

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha lamentado que las dos directoras generales de la Junta citadas por el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla como imputadas "aluden a la Ley de Protección de Datos para no facilitar información al sindicato".

El Juzgado había citado este miércoles a la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo, y a la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, María Teresa Castillo, que habían sido denunciadas, vía penal, por el SAF ante la "negativa a facilitar información de efectivos reales, dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y contratación de externos".

Fuentes de los servicios jurídicos del sindicato han indicado a Europa Press que ambas dirigentes han acudido a declarar a los juzgados "pero se han negado a responder a las preguntas de los abogados del SAF, sólo ha respondido a su abogado".

Según estas fuentes, ambas directoras generales afirman que "no se sienten responsables de remitir esa información al sindicato" y se respaldan en la Ley de Protección de Datos "para no ofrecer esa información".

Las fuentes han precisado que el juez les dará cinco días a las partes para presentar algún documento con alegaciones, ante lo que el SAF entregará un escrito con las preguntas que los abogados pretendían hacer a ambas directivas "para que quede constancia".

Fuentes del SAF han recordado en sus escritos y denuncias que esta Ley "reconoce que el consentimiento de los interesados no será preciso 'cuando la cesión está autorizada en una ley, cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros'".

Han agregado en ese sentido que "la identificación de puestos y titulares se publica en las resoluciones de los concursos, en las adjudicaciones de PLD o en las concesiones de artículos 30 de la Ley 6/1985".

Según un auto, consultado por Europa Press, tanto Castillo como Mayo fueron citadas para el 13 de marzo, al objeto de darles traslado de la denuncia y ser informadas de sus derechos. Ese día se fijó definitivamente día y hora para que ambas sean oídas como imputadas, que finalmente ha sido este miércoles, 9 de abril.

El juez consideraba en aquel auto que "existen los mínimos indicios de actuación ilícita penalmente reprobable que debe ser comprobada por este instructor", por lo que indicó que "es procesalmente pertinente imputar formalmente a las dos denunciadas, para que tras ser instruidas de sus derechos puedan ser oídas en declaración para que puedan dar una explicación sobre su actuación en relación con la denuncia presentada".