SAF pide a Díaz que no relegue a los funcionarios en los trabajos de investigación sobre el posible fraude en formación

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado un escrito dirigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para pedirle que "no relegue a los funcionarios" y "no derive" a otros colectivos los trabajos de investigación sobre el posible fraude en la justificación, el control y la concesión de subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo en diversas provincias andaluzas.

El SAF ha indicado en una nota remitida a Europa Press que la Junta informó sobre la contratación de 64 trabajadores interinos como plan de choque para solucionar la revisión interna de los expedientes afectados por ese posible fraude, tras lo que el SAF le ha recordado en su escrito a la presidenta que "debe velar por la legalidad vigente, vulnerada al delegar potestades públicas tan importantes y sensibles como revisar, fiscalizar y posiblemente sancionar que deben ser ejercidas por funcionarios públicos".

Agrega que esa petición se efectúa "con mayor motivo, pues la Junta cuenta con una relación de puestos de trabajo con suficientes puestos para realizar dichas tareas con independencia y transparencia".

El sindicato ha pedido que, "en caso de necesitar personal de apoyo, se oferte empleo público en igualdad de condiciones y bajo los principios constitucionales a todos los ciudadanos".

Ha recordado asimismo que el SAF "ha obtenido hasta en tres ocasiones el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a favor de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por los mismos motivos por los que ahora se contrata a 64 trabajadores".

Agrega en ese sentido que los fallos "son fundamentados en que las potestades públicas, tanto directa como indirectamente, solamente pueden ser ejercidas por los funcionarios públicos y que al encomendar dichas funciones al personal contratado vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".

El SAF ha recordado que la Cámara de Cuentas "ya advirtió en 2012 la falta de justificación de 634 millones de euros en subvenciones en materia de formación para el empleo y otros 48 millones de euros en subvenciones nominativas otorgadas a Faffe".

Este sindicado ha pedido a la presidenta de la Junta que "no derive las tareas de investigación en otro personal que no sea funcionario de carrera, único personal que no se ha contratado de manera directa, sino que ha superado los procedimientos selectivos legales y garante de la imparcialidad y de los intereses comunes de los ciudadanos".