Los sindicatos de función pública coinciden en que el aplazamiento de los estatutos es algo "lógico" y ya lo pidieron

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los principales sindicatos de función pública, CSIF, CCOO, UGT, Safja y Ustea, han coincidido en que el aplazamiento de la aprobación y entrada en vigor de los estatutos hasta la aprobación definitiva del decreto ley de reordenación del sector público, es una medida "normal y lógica" y han recordado que las propias centrales ya lo pidieron a la Junta de Andalucía.

Fuentes de CSIF-A han indicado a Europa Press que esta medida "era del todo lógica" y han recordado que ya lo habían solicitado "en mesa sectorial y en comisión de convenio, cuando se abordó en esos foros los estatutos de cada una de las agencias que se creaban", y donde "ya les dijimos que con esas medidas se quebraba el principio de jerarquía normativa".

"Mientras se negocia una ley en el Parlamento la Junta no se podía atrever a aprobar unos estatutos que están en desarrollo reglamentario de esa ley, cuando dicha ley aún no se ha aprobado", han agregado las fuentes, para las que "era de lógica jurídica ese aplazamiento".

No obstante, han considerado que ese aplazamiento "llega muy tarde, pues desde que lo pedimos se debería haber adoptado esa medida y si la Junta pretendía que fuera creíble, se debería haber tomado antes".

"Habrá que ver cómo queda la ley y si hay voluntad política de incorporar lo que digamos los agentes sociales", han agregado las fuentes de CSIF, para los que este "retraso" supone "un punto más en toda la aberración jurídica y la sinrazón de la tramitación de esta reordenación del sector público". "Parece que la Junta lo hace todo a golpe de impulsos y lo que era lo lógico, como suspender la entrada en vigor lo hacen ahora, abocados a medidas que no quisieron adoptar en su momento, cuando se lo pidió CSIF", han apuntado las fuentes.

Por su parte, fuentes del Safja han indicado a Europa Press que ese aplazamiento "no es suficiente" e insisten en pedir la derogación del decreto ley "que sigue en vigor", por lo que han advertido de que seguirán con las acciones jurídicas y las movilizaciones, toda vez que "ese aplazamiento sólo retrasará la puesta en funcionamiento de las agencias, pero no del decreto que las crea".

En ese sentido, han apuntado que participarán en la manifestación convocada por diversos sindicatos, plataformas y asociaciones de empleados públicos el 22 de enero.

Por su parte, fuentes de Ustea han indicado a Europa Press que "era una locura que entraran en vigor los estatutos y lo normal era que se tramitara la ley y si hubiera cambios se incorporen a los estatutos, algo que esperamos que ocurra".

"Una entrada en vigor de los estatutos previa a la aprobación definitiva de la ley creaba inseguridad jurídica, por lo que lo normal y lo lógico era que hubiera ese retraso", han agregado las fuentes, que han recordado que Ustea ya había pedido dicho retraso "porque era una chapuza lo que se estaba haciendo".

Tanto Ustea como el resto de sindicatos esperan dar su opinión sobre el decreto ley de reordenación durante su comparecencia en comisión parlamentaria, trámite que esperan que "no sea una mera formalidad", toda vez que "intentaremos dar nuestra opinión y explicar por qué rechazamos ese decreto, además de hacer ver que hay otros modelos que deberían tomarse donde no se mezclan la administración general con la instrumental y paralela, como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde ambos conceptos no se han mezclado".

Por su parte, fuentes de UGT indicó que la Junta "no ha tenido más remedio, teniendo inicialmente como plazo tope para aprobar los estatutos el 31 de diciembre, que se retrase dicha aprobación y entrada en vigor de los estatutos".

Han precisado que ya UGT había pedido a la Junta que aplazara dicha aprobación, puesto que "no queremos que nadie interprete el proceso de trámite parlamentario como un proceso sin fondo y queremos dar mayor transparencia al proceso y que éste tenga la mayor participación posible y para ello era inevitable ese aplazamiento de la aprobación de los estatutos, para evitar que éstos sean algo diferente al decreto ley".

"No tenía sentido aprobar los estatutos antes del 31 de diciembre y no poder llevarlos a efecto al estar pendiente de la ley y tener que reformarlos tras el trámite parlamentario", han aseverado las fuentes.

Asimismo, tras agregar el sindicato "está muy satisfecho con el contenido del decreto ley de reordenación, pues había que reordenar ese sector y aquí no hay ninguna trampa", han apuntado que, no obstante, "hay cosas manifiestamente mejorables que pretendemos incorporar a la ley en las enmiendas y el trámite parlamentario".

En ese sentido, han apuntado que sus enmiendas y sugerencias tendrán un carácter técnico "para garantizar que no exista ningún perjuicio y que nadie pueda interpretar a futuro ese decreto ley y se puedan producir un deterioro de las condiciones laborales, en definitiva, para dar tranquilidad a los empleados públicos".

Por su parte, fuentes de CCOO han recordado que este aplazamiento "fue formulado y demandado desde un principio, en las primeras reuniones, para tener margen para negociar". "Lo pedimos desde la coherencia para no enturbiar la negociación del decreto ley y evitar que dicha negociación estuviera vinculada a unos estatutos ya aprobados", han apuntado fuentes de CCOO, que han apuntado que presentarán alegaciones en el trámite parlamentario "para clarificar el texto y dejar más clara la situación de los empleados públicos".

"Estamos de acuerdo con la medida de aplazamiento que se ha tomado, que ya habíamos pedido, para que haya un margen para la negociación durante la tramitación parlamentaria y no haya ningún obstáculo y este decreto ley no esté vinculado a unos estatutos ya aprobados", han aseverado las fuentes.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado no dar vía libre a los nuevos estatutos de las agencias públicas hasta la aprobación definitiva de la reordenación del sector público, que actualmente se tramita como proyecto de Ley en el Parlamento, y ha establecido un plazo máximo de seis meses para su aprobación.

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, esta decisión, que atiende la petición formulada por los sindicatos CCOO y UGT y responde al compromiso asumido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en respuesta parlamentaria al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, pretende "contribuir a un debate abierto en el Parlamento" de la ley de reordenación que permita "despejar las dudas que restan a los funcionarios y empleados públicos de la Junta".