UGT defiende el ERE de la base de Morón y recuerda que "el capital invertido es totalmente privado"

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, ha defendido este martes la "total transparencia" del expediente de regulación de empleo (ERE) firmado entre el comité de empresa y la compañía 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), gestora de los servicios civiles de estas instalaciones, para extinguir 119 puestos de empleo. Como se recordará, un informe de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social había detectado una "irregularidad" o "indicio racional de fraude" en el acuerdo inicial alcanzado entre las partes, lo que motivó que finalmente 31 personas fueran excluidas del procedimiento al no estar prestando sus servicios en la base en el momento de ser acordado este ERE.

'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria desde el 1 de agosto de 2010 de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el pasado 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir, toda vez que el acuerdo estaba respaldado por los representantes de UGT y CCOO en el comité de empresa, pero la organización sindical USO se había desligado de tal pacto.

EL ERE DE LA BASE DE MORÓN

Merced a este expediente de regulación de empleo, los trabajadores acogidos al procedimiento recibirían la indemnización máxima legalmente fijada de 45 días por año trabajado, si bien aquellos que hubiesen cumplido los 55 años de edad serían prejubilados.

La autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press, refleja que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.

EXAMEN DE LOS CONTRATOS

En el informe correspondiente al 2 de diciembre, siempre según este documento de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constitía "un indicio racional de fraude". Tal advertencia surgía en contestación a un escrito de alegaciones promovido por USO en cuanto al acuerdo contenido en el acta final del periodo de consultas del ERE.

No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento.

A tal efecto, la sección de UGT en estas instalaciones defiende en un comunicado que ha trabajado "con total claridad" en la negociación del procedimiento, creyendo "totalmente satisfactorios" tanto el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social como la resolución definitiva del ERE a manos de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo. "En ningún caso se puede hablar de que haya existido ningún tipo de ayuda pública debido a que se trata de una empresa privada y que, por tanto, el capital invertido es totalmente privado", señala UGT, que defiende la "claridad" de las condiciones en las que han sido incluidos en este procedimiento los trabajadores afectados por el ERE.