Zoido pide derogar la reordenación del sector público, apoyar la enseñanza concertada y una Conferencia de Alcaldes

El PP-A defiende el modelo constitucional vigente y advierte de que las "formulaciones federalistas" son "perjudiciales" para Andalucía

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El decálogo que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha entregado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como documento de base para comenzar a trabajar por el futuro 'Pacto por Andalucía' recoge, entre otras líneas de actuación, derogar la Ley de Reordenación del Sector Público, lograr un "modelo de participación y de cooperación estable con la enseñanza concertada" y poner en marcha una Conferencia de Alcaldes.

Según este documento, hecho público por el PP-A casi cuatro horas después del término de la reunión mantenida esta mañana en el Palacio de San Telmo entre Griñán y Zoido, el pacto debe ser ante todo "una propuesta útil" y que provoque "reformas que garanticen el bienestar y la prosperidad a la que tienen derechos los andaluces".

Entre esas reformas, el PP-A propone una "racionalización" del sector público andaluz que comience por la derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público porque, según señala, "ya ha sido ampliamente vapuleada por los tribunales". Así, los 'populares' defienden la reducción de los altos cargos "y sus privilegios", la profesionalización de su dirección y la reducción de las encomiendas de gestión y encargos de ejecución.

En el capítulo de educación, el segundo en orden de importancia tras el de la creación de empleo --donde apuestas por reformas la gestión y ejecución de las políticas activas de empleo y poner en marcha un Plan Juvenil--, el PP-A incluye el apoyo a la enseñanza concertada, con la que considera "preciso lograr un modelo de participación y de cooperación estable".

Además, los 'populares' califican de "vital para el futuro de Andalucía llevar a cabo una reforma educativa que deje al margen la ideología" y recuperar "la calidad de la educación pública" apostando por los valores del esfuerzo y el mérito y reforzando la autoridad del profesorado.

La tercera y cuarta línea de actuación sobre la que, según el PP-A, debe "pivotar" el 'Pacto por Andalucía' son la sanidad y los servicios sociales --para los que defiende "un modelo objetivo y racional" y el pago de las "deudas" contraídas con el sector-- y la quinta está referida a la competitividad y los sectores productivos. En este capítulo, los 'populares' creen necesario que "el Gobierno andaluz deje de ser un obstáculo para ser un colaborador en la creación de empleo" y ponga en marcha "un paquete de medidas que agilicen y simplifiquen la gestión administrativa".

Llegamos así, tras el ya mencionado punto (sexto) del decálogo sobre la racionalización del sector público y la derogación de la Ley de reordenación, al punto 7 y que, bajo el epígrafe de 'Control y Transparencia de la Administración', aboga por "recuperar la confianza en la política y en las instituciones" con la aprobación "cuanto antes" de una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública y otra Ley de Subvenciones.

NO ES TIEMPO DE "EXPERIMENTOS"

Otra de las condiciones iniciales del PP-A para llegar a un futuro 'Pacto por Andalucía' es la de que se defienda "el modelo constitucional vigente" por ser éste "garantía de igualdad y solidaridad" frente a los "proyectos separatistas y las formulaciones federalistas" que, a su juicio, son "perjudiciales" para los andaluces y "solo buscan amparar privilegios y desigualdades".

"No es tiempo de experimentos, es tiempo de reformas que den solución a los problemas de los ciudadanos desde la sensatez, la unidad y el proyecto común que representa la Constitución y la marca España", remarca el texto.

Finalmente, el PP-A pide "apoyo y voz" para los Ayuntamientos y Diputaciones y, en consecuencia, poner en marcha una Conferencia de Alcaldes para que las relaciones del Gobierno andaluz con las Corporaciones locales transcurran por "los caminos de la lealtad institucional y el respeto a la autonomía local". En esta línea, también exige a la Junta "un compromiso cierto de las inversiones en las ocho provincias de Andalucía" porque, tal y como argumenta, "muchas de las comprometidas no llegaron a ejecutarse" pese a haber contado con "partidas presupuestarias suficientes".