CEPYME muestra su satisfacción por la anulación de las enmiendas a la Ley de Contratación Pública

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEPYME-Aragón ha mostrado su satisfacción por la anulación, esta mañana en el Congreso de los Diputados, de las tres enmiendas del Senado a la Ley de Contratos del Sector Público que omitían la referencia a la negociación colectiva sectorial.

A pesar del consenso logrado en la Cámara Baja a comienzos de año, el Senado aprobó tres enmiendas que buscaban sustituir las referencias a "Convenios Colectivos sectoriales de aplicación" por "Convenios Colectivos aplicables".

Esto permitiría a empresas con convenio colectivo propio inferior al convenio sectorial acceder a la contratación pública con una clara ventaja y en perjuicio de las empresas sujetas a los convenios colectivos sectoriales, lo que perjudicaría claramente a las pymes y autónomos al permitir que grandes empresas puedan optar a la contratación pública con salarios por debajo del sector, según ha indicado la organización empresarial en un comunicado.

Por otro lado, CEPYME insta a que el Gobierno de Aragón, en su desarrollo legislativo, reduzca a cero la cantidad referenciada en la Ley Estatal, art. 217.2, que obliga a las Administraciones Públicas
a la comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato.

La organización empresarial pide, en definitiva, que toda contratación pública, independientemente de su cuantía, acredite el pago a subcontratistas, en evitación de la morosidad que se produce en la mayoría de los casos de la gran empresa (contratista) a las pymes y autónomos (subcontratistas).

Para CEPYME éste es un proyecto de ley muy importante que afecta a ciudadanos, empresas y Administración y que mejora la normativa anterior ya que, por fin, transpone las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo al ordenamiento jurídico español e incrementa la competitividad
y da acceso a las pymes a la contratación pública.