Corredor firma tres convenios en los que compromete 7,1 millones de euros para actuar en 2.333 viviendas en Aragón

Gobierno central y autonómico suscriben un protocolo para conceder ayudas que palien daños producidos por incendios el pasado verano

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, firmó hoy tres convenios en los que comprometió 7,1 millones de euros para la urbanización de suelo destinado a 2.148 viviendas en Zaragoza, para la rehabilitación integral de 110 hogares en Caspe (Zaragoza) y para la construcción de 75 alojamientos protegidos en alquiler para colectivos vulnerables de Alcañiz (Teruel).

En la firma de los convenios participaron el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y los alcaldes de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; Caspe, Teresa Francín; y Alcañiz, Amor Pascual.

La ministra recordó que estos tres acuerdos son los primeros que se suscriben en Aragón en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, después del convenio bilateral que se firmó el pasado mes de mayo entre el Ejecutivo central y el aragonés.

El plan estatal prevé destinar en Aragón entre 2009 y 2012 un total de 310 millones de euros, "un 48 por ciento más que el plan anterior", que permitirán el desarrollo de actuaciones que beneficiarán "a más de 28.000 familias aragonesas", remarcó Corredor.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, precisó que se trata de "facilitar el acceso a la vivienda" y permitir rehabilitar cascos históricos y barrios, al tiempo que opinó que la rehabilitación y la vivienda de protección son "espacios" donde el sector de la construcción, que atraviesa un "momento de dificultad importante", puede tener un "futuro razonable", dijo.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, subrayó que los acuerdos firmados hoy aportarán una financiación de 20 millones de euros a la capital aragonesa para las zonas de Arcosur y Parque Venecia, donde está previsto construir, casi 13.000 y 1.600 viviendas, respectivamente.

En ellas, "hemos concedido 2.000 licencias para viviendas, que se han empezado a construir o están a punto de hacerlo, lo que supone unos 5.000 empleos", según Belloch, que manifestó que una "buena política de viviendas de protección" es un "deber político inexcusable" para el acceso a una "vivienda digna" y como "instrumento de política económica y de creación de empleo".

La alcaldesa de Caspe, Teresa Francín, precisó que la actuación en su localidad va a tener lugar en una zona "degradada" por lo que supondrá un "revulsivo" e indicó que el objetivo es iniciarla "con toda prontitud", y si bien antes será necesario alcanzar un acuerdo con los vecinos afectados.

La alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, explicó que el convenio permitirá construir un bloque de 75 apartamientos en la zona nueva de la ciudad, que tendrán 45 metros cuadrados cada uno y se alquilarán por unos 180 euros al mes a personas con una especial vulnerabilidad, cifra a la que se podrá sumar el pago de servicios complementarios, como lavandería y comedor.

ARI DE CASPE

Uno de los acuerdos suscritos hoy fue el del Área de Rehabilitación Integral (ARI) del núcleo primitivo --del siglo XII-- de Caspe por el que el Ejecutivo central invertirá 882.684 euros en la mejora de 110 viviendas.

En concreto, se ejecutarán obras de recuperación de elementos estructurales de los edificios, accesibilidad, adecuación de elementos comunes y habitabilidad de las viviendas, así como actuaciones de infraestructuras y urbanización del entorno.

Otro de los convenios es para la creación de 75 alojamientos protegidos en régimen de alquiler para colectivos especialmente vulnerables en Alcañiz, al que el Gobierno central destinará 1,9 millones de euros. Es la primera vez que se desarrolla en Aragón esta nueva línea de actuación introducida en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Se destina a las familias con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), menores de 35 años, mayores de 65, mujeres víctimas de violencia de género, personas dependientes o con discapacidad, separados o divorciados, entre otros colectivos.

El tercer acuerdo es el relativo al Área de Urbanización Prioritaria de Suelo, fase III, del área sur residencial de Parque Venecia --sector 88/1-- de Zaragoza. El ministerio invertirá 4,3 millones de euros para la urbanización de suelo para 2.148 viviendas, de las que 1.641 serán protegidas.

ARCOSUR

Por otra parte, y fuera de los acuerdos firmados con los alcaldes, el ministerio de Vivienda y la consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón decidieron hoy promover actuaciones relativas al Área de Urbanización Prioritaria de Arcosur, en la ciudad de Zaragoza.

Así, de la financiación pactada por ambas administraciones para los años 2010, 2011 y 2012 para urbanización prioritaria de suelo en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el Gobierno regional la destinará en su totalidad a urbanizar una parte de Arcosur.

Igualmente, el Ejecutivo de Aragón dedicará a Arcosur una partida estatal de 7,8 millones de euros que el ministerio ya había librado a la Comunidad autónoma, aunque sin afectación específica.

INCENDIOS

En otro orden de cosas, hoy se suscribió un protocolo de colaboración para la concesión de las ayudas aprobadas por el Gobierno central para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales del verano de 2009 que afectaron a Aragón, entre otras Comunidades autónomas.

Según este protocolo, podrán beneficiarse de estas ayudas los propietarios, los usufructuarios o arrendatarios con contrato en vigor, siempre que la vivienda dañada tenga la condición de residencia permanente y habitual con anterioridad a la producción del siniestro, así como las comunidades de propietarios por daños en elementos comunes.

Las ayudas son de dos tipos, para alquiler, en caso de que hubiera sido necesario el desalojo; y para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

REUNIÓN CON ENTIDADES DE CRÉDITO

La ministra aprovechó su visita a Zaragoza para reunirse con responsables de Ibercaja y la Caja Inmaculada (CAI), entidades de crédito colaboradoras preferentes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

El objetivo era "conocer de primera mano cómo se está materializando el compromiso que asumieron las entidades financieras para financiar las actuaciones del Plan", explicó Corredor.

A su entender, lo "verdaderamente importante" de los convenios suscritos con bancos y cajas "es que sus beneficios lleguen a los ciudadanos y que las familias que reúnen los requisitos para acceder a una vivienda protegida no se queden sin ella por falta de financiación".

La ministra recordó que para facilitar el crédito a 100.000 familias solventes, el ministerio puso en marcha una línea de cobertura por la que asume el 50 por ciento del riesgo de cada nueva hipoteca concedida para vivienda protegida hasta un volumen global de crédito de 12.000 millones de euros.

Corredor señaló que la restricción del crédito "no puede ser un obstáculo para acceder a la vivienda" y por eso el pasado 21 de diciembre se constituyó, por primera vez, una comisión de seguimiento financiero "para comprobar de cerca la marcha del compromiso de 123 cajas y bancos, prácticamente todo el sistema financiero español, con el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012".