Dos personas imputadas por abatir a un ciervo con arma de fuego y sin el permiso correspondiente

BIEL-FUENCALDERAS (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha imputado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, al abatir con arma de fuego un ciervo sin el permiso correspondiente, en el término municipal de Biel-Fuencalderas, en la provincia de Zaragoza.

Según han indicado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, el pasado día 27 de noviembre, una patrulla con base en Ejea de los Caballeros tuvo conocimiento de que dos personas, procedentes de otra Comunidad Autónoma, podrían estar llevando a cabo caza furtiva en un terreno acotado en el término municipal de Biel- Fuencalderas.

En ese lugar los agentes localizaron un vehículo todo terreno estacionado y abierto, en cuyo interior localizaron una funda de escopeta de caza y, junto al vehículo, en el suelo, una cartera que contenía documentación de caza y de armas. Los componentes de la patrulla no encontraron a ninguna persona por los alrededores.

La Benemérita alertó a los agentes forestales del Gobierno de Aragón, que en la mañana del día 28 de noviembre localizaron, a escasos metros del lugar donde encontró el día anterior el vehículo todo terreno, un ciervo muerto, abatido por arma de fuego.

Acto seguido, los guardias civiles localizaron a los titulares del vehículo, dos hombres residentes en las provincias de Guipúzcoa y Huesca, y les tomaron declaración el día 1 del mes de diciembre. Ambos fueron imputados como presuntos autores de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, por la caza de un ciervo sin la autorización correspondiente.

Además, los agentes decomisaron las armas de las que ambos hombres eran titulares, para cotejarlas con el cartucho hallado en las proximidades del lugar donde se había encontrado el ciervo abatido. El animal fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para practicarle una necropsia y certificar las causas de su muerte.

Las diligencias instruidas se han entregado a la autoridad judicial y al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.