ALCAÑIZ (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón ha aprobado la aportación de 1.912.500 euros con destino a la financiación de la construcción de 65 alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables en la localidad turolense de Alcañiz, cuantía que representa un porcentaje del 34,72 por ciento de la inversión.
El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la sociedad Fomenta Alcañiz, aportará 3.595.389 euros, presupuesto que supone una participación del 65,28 por ciento del coste total. Además, el consistorio gestionará los alojamientos protegidos y los adjudicará mediante procedimiento público.
En el mes de enero de 2010, la actual secretario de Estado de Vivienda --entonces ministra--, Beatriz Corredor; el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Ejecutivo autónomo, Alfonso Vicente; y la alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, firmaron un acuerdo para financiar la promoción de 75 alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables destinados a arrendamiento en Alcañiz, cuya inversión se eleva a 5.507.889 euros.
Se trata de la primera actuación de este tipo en la Comunidad autónoma, derivada del Plan de Vivienda, que contempla la posibilidad de habilitar un programa de promoción de alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos, con una serie de ayudas económicas al respecto.
De hecho, los promotores de estos alojamientos han podido acogerse al mismo sistema de financiación que las viviendas protegidas para arrendamientos a 25 años, explica el Ejecutivo aragonés en un comunicado.
Por su parte, el Gobierno de Aragón se comprometió a calificar estas viviendas como alojamientos protegidos en régimen de arrendamiento a 25 años y a adoptar una serie de medidas, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión, para que se promuevan y se construyan.
Este acuerdo se enmarcó en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 por el que se consideró necesario fomentar el incremento del parque público de alojamientos de alquiler destinado especialmente a sectores específicos con problemas de acceso a la vivienda como las unidades familiares con ingresos que no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, los jóvenes menores de 35 años, las personas mayores de 65 años y en general a colectivos especialmente vulnerables.