El Justicia apremia al Gobierno de Aragón a impulsar el uso de internet para exponer documentos públicos

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, apremia al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para que, en orden a mejorar la participación pública, impulse en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la generalización del uso de Internet para la exposición de documentos de cualquier clase que hayan de ser consultados por los ciudadanos, y puedan éstos dirigirse a la misma para formular sus alegaciones y aportar sus opiniones por esta vía.

En la sugerencia emitida por el Justiciazgo a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda al Gobierno de Aragón que la participación ciudadana puede fomentarse de diversas formas, y una de las "más eficaces" es la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar a los ciudadanos intervenir en los procesos de innovación y desarrollo normativo o de iniciativas administrativas de cualquier otra naturaleza directamente a través de Internet.

Así, apunta que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos en condiciones de validez, eficacia y seguridad jurídica, detalla esta situación en su exposición de motivos.

En concreto reza la ley que "se reconoce que la descentralización política del Estado ha sido ocasión para que la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se haya traducido también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano. En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local, pero "esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de cualquier Administración, incluida la del Estado".

Esta barrera, añade el texto, es tanto de tiempo como de espacio y detalla que la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar "hoy día no tienen razón de ser" al argumentar que las tecnologías de la información y las comunicaciones "hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas".

Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y "no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas", recoge la sugerencia.

Pero, además, incide en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) "facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural".

El Justicia apostilla que la Administración autonómica "está obligada" al uso de las TIC conforme a la citada ley y el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia, entre cuyas competencias figura la de ""promover y coordinar procesos y espacios de participación en el ámbito de la Comunidad Autónoma".

Esta finalidad experimentará, "sin duda, una notable mejora si se utilizan, con carácter general y como procedimiento habitual de trabajo, todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para difundir la documentación que se somete a procesos de participación pública".

Esta sugerencia del Justiciazgo surge al observar la exposición al público de proyectos normativos o de la modificación de disposiciones vigentes, que en algunas ocasiones, el texto que se somete a la consideración ciudadana se puede examinar, además de en las correspondientes oficinas administrativas de la Diputación General de Aragón, en la página web de esa Institución, lo que "facilita la consulta y beneficia los procesos democráticos de participación".

No obstante, se comprueba que en otras ocasiones el edicto publicado en el Boletín Oficial de Aragón anuncia el trámite de información pública y su plazo, "pero remite para la consulta de los documentos" al Servicio de Información y Documentación Administrativa y a las oficinas del Gobierno de Aragón en las cabeceras de provincia y en la oficinas delegadas situadas en algunas cabeceras comarcales.

Aunque esta práctica "cumple" las exigencias legales de publicidad de estos procesos, "hacerlo simplemente así dificulta la consulta de la documentación y carece de las ventajas que reporta la publicación electrónica", concluye el Justicia de Aragón.