ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Fernando Martín, criticó hoy que el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha cumplido con los trenes Avant de Calatayud y Huesca, en referencia a los acuerdos adoptados por unanimidad en el Parlamento autonómico para mejorar los servicios de los trenes Avant en esas líneas.
Recordó que en mayo de 2008, las Cortes de Aragón aprobaron una proposición no de ley, que reclamaba al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la mejora de los servicios y tarifas para estas dos conexiones ferroviarias. "Nada ha hecho el Gobierno aragonés desde entonces, los horarios son inaceptables y las tarifas siguen siendo abusivas y desproporcionadas respecto a trayectos de características similares en otras partes de España", declaró el diputado bilbilitano.
Este incumplimiento del acuerdo adoptado en las Cortes ha motivado una pregunta parlamentaria de Fernando Martín, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, porque, aseguró "hacen faltan explicaciones y el Gobierno aragonés debe informar sobre las medidas va a adoptar frente a la irresponsabilidad de Zapatero y, al mismo tiempo, debe responder ante esa condescendencia que los socialistas aragoneses siempre demuestran respecto a sus jefes de Madrid cuando éstos adoptan decisiones en contra de Aragón".
La reivindicación de los populares aragoneses sobre la mejora de los Avant se inició con la aprobación por unanimidad en las Cortes de Aragón, en noviembre de 2005, de otra iniciativa del PP que reclamaba al Gobierno central las mismas condiciones de servicio, tarifas y ofertas para los 'trayectos AVE' en Aragón que los disfrutados por los pasajeros de los trenes AVE que unen Madrid con Sevilla, Toledo, Ciudad Real, Córdoba o Puertollano.
Martín argumentó que "no sólo no corrigieron esa discriminación e hicieron caso omiso a aquella reclamación que entonces formulamos los aragoneses, sino que ahora han vuelto a repetir ese desprecio y aquí el Gobierno de Marcelino Iglesias tiene la obligación de defender un sentimiento generalizado y justificado de insatisfacción ante un trato discriminatorio evidente".