Ocho ayuntamientos del PP y uno del PAR piden al Consejo Consultivo que diga si la ley de Lenguas invade competencias

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (PP) y uno cuya alcaldesa es del Partido Aragonés (PAR), el de La Codoñera (Teruel), presentaron hoy en el Registro General del Gobierno aragonés un escrito solicitando un informe del Consejo Consultivo de Aragón para que indique si la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, conocida como Ley de Lenguas, invade sus competencias.

El vicesecretario de Política Institucional del PP-Aragón y senador por Teruel, Manuel Blasco, acompañó a la representación de alcaldes que entregaron el escrito en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Ejecutivo, y explicó en declaraciones a los medios de comunicación que a partir de ahora el Consejo Consultivo tiene un plazo de tres meses para elaborar el dictamen.

El dictamen es preceptivo para que, posteriormente, los alcaldes puedan presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias locales", si bien "no es vinculante", aclaró Blasco.

Agregó que una vez se conozca el informe, los ayuntamientos tendrán un plazo de un mes para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Blasco indicó que es probable que en los próximos días "se sigan incorporando otros ayuntamientos" a esta petición al Consejo Consultivo.

Los municipios que lo hicieron hoy son los de Fayón y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza; Lascuarre y Fraga, de la de Huesca; y Fórnoles, La Fresneda, Torre del Compte, Valderrobes y La Codoñera, en la de Teruel.

Este último tiene una alcaldesa del Partido Aragonés (PAR), partido que gobierna en colación en el Ejecutivo autonómico con el Partido Socialista (PSOE), que fue quien presentó la proposición de ley de Lenguas en las Cortes de Aragón. El resto son del PP.

MÁS AYUNTAMIENTOS

Manuel Blasco precisó que "por la información que tenemos va a haber bastantes ayuntamientos de la zona afectada" por la implantación de la ley, en el Aragón oriental, que pueden apoyar esta iniciativa, y comentó que la ley, aprobada el pasado mes de diciembre por el Parlamento aragonés a iniciativa del PSOE, "ha dividido mucho a los habitantes de las zonas".

En este sentido, recordó que el PP se mostró en contra de la ley, "pero el PAR también" y eso "ha supuesto una brecha importante en su momento en el Gobierno de coalición". En los próximos días, continuó, "muchos ayuntamientos del PP, del PAR y gobernados en coalición, incluso con alcalde socialista, presentarán esta reclamación al Consejo Consultivo", aseguró.

Blasco relató que los alcaldes que ya han presentado el escrito entienden que hay una "clara invasión de las competencias municipales" puesto que hay varios artículos que afecta directamente a los ayuntamientos, quienes, a partir de la entrada en vigor de la ley, tendrá que tener personal preparado para atender de forma oral y escrita en catalán todas las consultas que venga de parte de los ciudadanos.

"La ley lo deja muy claro, todos los habitantes de esas zonas tienen derecho a que se les responda en todas sus iniciativas en catalán, tanto de forma oral como escrita, e incluso se establece la obligación de que todos los documentos y actas del ayuntamiento se redacten en castellano y catalán", algo que calificó como una "oficialidad encubierta del catalán", apostilló.

El dirigente 'popular' incidió en que "lo hemos dicho desde el primer día, el Gobierno no se atrevía a decir que el catalán iba a ser oficial, no lo dijo cuando se negoció con todos los partidos, incluido el PP, la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero lo ha hecho, después, por la puerta de atrás", a través de la ley de Lenguas, que obliga "no sólo al Gobierno de Aragón, sino también a los ayuntamientos".

Blasco aseguró que los ayuntamientos "harán lo que tengan que hacer porque siempre cumple la ley", pero "están en su derecho de recurrir" y si el Tribunal Constitucional dictamina que sí se invaden competencias municipales "habrá que negociar la reforma correspondiente de la ley".

En todo caso, "cuando tengan la sentencia, cumplirán la ley", concluyó, tras recordar que el PP "ha manifestado que si gobierna modificará o derogará la ley en su totalidad".