UPyD pide 16 años de prisión para Escó y 15 para García Becerril e Iglesias

Aparicio cree que la comisión de investigación de las Cortes "no va a servir para nada y nos parece un teatro"

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza por el sobre coste en la construcción por parte de Codesport de unas naves en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), ha pedido 16 años de prisión para el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó; 15 años para el presidente de Codesport, Agapito Iglesias, y otros tantos para el gerente de Plaza, Ricardo García Becerril.

La abogada de UPyD en el Caso Plaza, Irene Romea, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, y el coordinador de UPyD en Zaragoza, Javier Puy, ha indicado que han solicitado también 13 años de cárcel y un mes para Miguel Ángel Pérez, director técnico de Plaza. Así se recoge en el escrito de acusación presentado por UPyD este lunes, 16 de junio, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.

Según ha expuesto Romea, para Carlos Escó se piden 16 años de prisión por los delitos de administración desleal, malversación de caudales y estafa agravada, así como el pago diario de 40 euros durante 24 meses, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación para el empleo o el ejercicio del comercio y representación orgánica o voluntaria de entidades mercantiles, así como responsabilidad personal subsidiaria.

Para Agapito Iglesias reclama 15 años de cárcel por los delitos continuados de falsificación en documento mercantil y de estafa agravada y por los de malversación de caudales públicos y administración desleal, junto al pago de una multa diaria de 40 euros durante 12 meses y las inhabilitaciones especiales para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para el empleo o el ejercicio del comercio y representación orgánica o voluntaria de entidades mercantiles, además de la responsabilidad personal subsidiaria.

UPyD solicita para Ricardo García Becerril 15 años de prisión por los delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos y estafa agravada, junto a una multa diaria de 30 euros durante 24 meses, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para el empleo o el ejercicio del comercio y representación orgánica o voluntaria de entidades mercantiles, así como la responsabilidad personal subsidiaria.

Finalmente, para Miguel Ángel Pérez pide 13 años y un mes de cárcel por los delitos continuados de falsificación en documento mercantil y de estafa agravada y los de malversación de caudales y administración desleal, una multa diaria de 20 euros durante 10 meses, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para el empleo o el ejercicio del comercio y representación orgánica o voluntaria de entidades mercantiles y la responsabilidad personal subsidiaria.

Para todos, UPyD ha reclamado, igualmente, las accesorias legales y costas procesales, incluidas las de la acusación particular. En cuanto a la responsabilidad civil, este partido pide que los imputados restituyan de forma solidaria los 16,784 millones de euros en los que presuntamente se han desfasado las obras de construcción de las citadas naves.

JUICIO ORAL

UPyD ha solicitado para el juicio oral el interrogatorio de los acusados, así como de diversos testigos y que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza informen y certifiquen las cantidades económicas aportadas a la sociedad Plaza vía aumento de capital o por medio de consignaciones presupuestaria entre el año 2000 y 2014.

También ha instado a incorporar al procedimiento la investigación que se lleva a cabo por el servicio de Vigilancia Aduanera para la averiguación patrimonial de los acusados.

Asimismo, ha pedido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional elabore un informe contable que investigue a manos de quien o quienes --acusados, comisionistas, intermediarios, testaferros o personas físicas o jurídicas vinculadas a los acusados-- podría haber ido la diferencia entre el coste real de la obra y lo facturado, después de que la Agencia Tributaria haya indicado que no es competente.

En relación con esto último, Romea ha subrayado que esos fondos "no está ni en los materiales, ni en la obra" y ha remarcado que el objetivo final de UPyD como acusación particular es saber "dónde ha ido el dinero". También ha pedido que testifique, entre otros, el director de las obras, Gerardo García Casares.

TEATRO

Por su parte, el coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, ha afirmado que "no va a servir para nada y nos parece un teatro" la comisión de investigación de las Cortes autonómicas que este lunes ha iniciado las comparecencias para estudiar y depurar responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre la gestión de la sociedad pública Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza.

A su entender, UPyD es la única formación que ha aportado recursos económicos y humanos para acabar con la corrupción, mientras que no aprecia "verdadero interés político" en la Comunidad autónoma por "atajar la corrupción", a pesar de que haya un discurso "anticorrupción porque los ciudadanos aragoneses no aguantan más".

Sin embargo, "no se han tomado medidas adecuadas" para luchar contra ella, para indicar que la "corrupción política es la peor" porque si no se acaba con ella no se puede actuar en otras líneas para salir de la crisis económica.

Además, ha sostenido que uno de los problemas es que los políticos elijan a los miembros de los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Aragón, el Consejo General de Poder Judicial y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El coordinador de UPyD en Zaragoza, Javier Puy, ha criticado que el Ayuntamiento de la capital aragonesa haya abandonado la acusación particular con el argumento de que sus intereses "están bien defendidos" por el resto de la acusación, ya que la situación actual "es igual" que cuando decidió personarse.

"Quizá tenga algo que ver con los concejales y exconcejales que han tenido que pasar por los tribunales" y de quienes "han querido estar cerca", a pesar de que "no les quiso hacer ninguna pregunta en aras a conocer la verdad y de la transparencia", ha sentenciado.