Una vecina de Zaragoza buscará a su abuelo y otros seis represaliados de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudadana Isabel María Goñi Cartagena, vecina de la ciudad de Zaragoza, buscará los restos de su abuelo materno y otros seis ciudadanos aragoneses, asesinados durante la Guerra Civil por el bando rebelde, en el Valle de los Caídos, después de que la Comisión Constitucional del Congreso aprobara ayer, miércoles 30 de septiembre, una iniciativa de impulso al Gobierno central para facilitar este proceso.

En declaraciones a Europa Press, Isabel María Goñi explicó que los restos que busca son de siete republicanos, uno de ellos también masón, que fueron "secuestrados" en distintos puntos de la provincia de Zaragoza, fusilados y, después, enterrados en algún lugar. Goñi desconoce por completo cuál fue el destino de los restos de estas personas, por lo que también intentará encontrarlos en el Valle de los Caídos.

El abuelo materno de Goñi Cartagena era Juan Cartagena Vicén, quien fue secuestrado el 9 de agosto de 1936 en Mozota (Zaragoza), donde era concejal de Unión Republicana y ejercía como juez de paz. La familia de Cartagena pensó durante décadas que el abuelo se encontraba en una fosa del actual barrio zaragozano de Valdespartera, pero en la actualidad no hay evidencias de que esa fosa llegara a existir.

Otro pariente de Isabel María Goñi era Francisco Cartagena Vicén, uno de sus tíos abuelos, hermano de Juan. Francisco Cartagena fue "secuestrado" en Tobed (Zaragoza), donde era dirigente local de Unión Republicana, y pudo ser fusilado en el municipio de Santa Cruz de Grío, donde habría sido enterrado bajo las tapias del cementerio en una fosa que --se sospecha-- hoy estaría dentro del perímetro del cementerio. Goñi Cartagena también buscará a Francisco Cartagena en el Valle de los Caídos, al no tener la completa certeza del lugar en el que está enterrado.

"No sé dónde encontrar a mi abuelo y me gustaría saber dónde está", dijo Goñi Cartagena, quien subrayó que los familiares de los ocho represalidos que se mencionan "no sabemos dónde está ninguno".

También fueron fusilados los jóvenes libertarios Feliciano y Vicente Muela Cartagena, vecinos de Épila de 21 y 16 años, entre julio y agosto de 1936. Eran sobrinos de Juan Cartagena Vicén. El mayor de ellos era miembro del anarcosindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT).

Ambos fueron enviados a la cárcel zaragozana de Torrero y, después, fueron fusilados y enterrados en el cementerio, todavía existente en la actualidad, del mismo barrio de Torrero. Hay constancia de que el cadáver de uno de los fue exhumado y se desconoce el destino final de estos restos.

Antonio Bazán Bernadaus, cuñado de los hermanos Muela Cartagena, residía en Épila, donde militaba en el sindicato socialista UGT. Fue fusilado. Probablemente, antes de ser asesinado fue internado en la cárcel de Torrero.

En agosto de 1936 fue fusilado José Antonio Marco de Viedna, originario de Navarra y residente en Calatayud (Zaragoza), donde era concejal de izquierdas y pertenecía a la masonería, lo que se tradujo en la elaboración de un amplio expediente de responsabilidades políticas y le costó la vida. Marco de Viedna pertenecía a la misma familia que una amiga de Goñi Cartagena.

Victoriano Bolsa Montañés, natural de Alfajarín (Zaragoza), estaba casado con una joven de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), donde residía y era alcalde por el PSOE. De los ocho hermanos de esta familia, sólo uno sobrevivió a la Guerra Civil, al exiliarse pronto a Francia. Se desconoce el paradero de los restos de Bolsa Montañés, familiar de otra persona conocida de Isabel María Goñi que actualmente reside en Barcelona.

Goñi Cartagena se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito nacional, para buscar información sobre estos represaliados.

CONGRESO

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles, 30 de septiembre, una proposición no de ley pactada por PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai en la que se insta al Gobierno a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos, y a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos de estas personas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.

El debate sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, volvió al Congreso de la mano de IU-ICV y de Nafarroa Bai, que registraron sendas iniciativas para facilitar a los familiares de las personas enterradas en el mismo complejo que Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera la localización y exhumación de sus seres queridos.

El PSOE, que estuvo representado en el debate por el miembro de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio de Penagos, ofreció sendas enmiendas de sustitución a los grupos proponentes que finalmente salieron adelante con el apoyo de CiU y el voto en contra de los 'populares'.

AGILIZAR LOS TRASLADOS

Así, el Congreso pidió al Ejecutivo que, a más tardar en seis meses, elabore un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos que incluya, en los casos en los que se conozcan, su identidad y lugar de procedencia. Esta información deberá ser facilitada, a través de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil, a los familiares, asociaciones, instituciones o familiares interesados, siempre con "pleno respeto a las normas que regulan la protección de datos personales".

El texto también especifica que "se facilitarán económicamente las exhumaciones" y que, en su caso, "se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", tal y como establece la Ley de Memoria Histórica.

Durante la defensa de su iniciativa, el diputado de ICV, Joan Herrera, recordó que en un principio la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, iba a albergar restos de fallecidos del bando nacional, pero surgieron problemas, como la negativa de los familiares de estas personas y al final el régimen franquista optó trasladar a este espacio los restos de soldados republicanos que se habían depositado en otras fosas comunes.

IDENTIFICAR A LOS DE LOS BANDOS

Aún asumiendo que será difícil identificar todos los restos, Herrera pidió que se ponga nombres y apellidos a todos los que sea posible, independientemente del bando al que pertenecieran, y que se facilite su desenterramiento y traslado a otro lugar si así lo desen sus familiares. En la misma línea, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, aludió al derecho de las familias a hacer el duelo por sus fallecidos "en casa" y no en un "entorno hostil".

En nombre del PP, el vicepresidente tercero del Congreso, Fernández Díaz, recalcó que en su partido consideran "indiscutible y hasta sagrado" que cualquier familiar tiene "absoluto derecho" a conocer dónde están los restos de sus seres queridos y a disponer de ellos, siempre que sea técnicamente posible y se haga en el marco de la ley.

Fernández Díaz argumentó que el PP no puede apoyar que se inste al Gobierno a realizar un censo sobre los enterrados en el Valle de los Caídos porque esta tarea sería, en todo caso, competencia de la Comunidad de Madrid. También avisó de que esa medida podría tener un "efecto perverso" puesto que, desde su punto de vista, hacer pública una relación de los nombres de estas personas podría llevar a una "violación clara y flagrante" de la Ley de Protección de Datos a no ser que se obtuviera el permiso de todas las familias.