Cabrera admite que los recursos para aplicar la ley de Dependencia son escasos pero pide "transparencia y coordinación"

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se refirió hoy a la financiación de la Ley de Dependencia y dijo que la Administración general y las comunidades autónomas han puesto "muchos recursos" para el despliegue y desarrollo de la Ley de Dependencia. Aseguró que sabe que los recursos del Estado son "escasos", y añadió que "tiene el compromiso de hacer transparente la financiación del sistema, porque no se trata de llevar a cabo un duelo entre administraciones para ver quien pone más, sino de coordinación".

"Todos debemos ser responsables y solidarios en la información y la transparencia de los datos, el sistema es joven , ambicioso y complejo en su desarrollo y por tanto tenemos la obligación de estar manejando todos los mismos datos que sean los que responden a la realidad", dijo la ministra.

Cabrera visitó hoy el Principado para firmar con el Ejecutivo regional un convenio que permitirá desarrollar proyectos de la Ley de Dependencia en el Principado por importe de 12,2 millones de euros.

Preguntada por la falta de financiación a las distintas comunidades para el desarrollo de la Ley aseguró que el compromiso del Ejecutivo central es claro y destacó que en 2009 la financiación se ha incrementado en un 79 por ciento --entre los presupuestos generales y el fondo de los 400 millones--, una "clara demostración de ese compromiso con el desarrollo de la Ley".

En este sentido la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, coincidió con la ministra en que "no se trata de cuál es la deuda ni de debatir cuantos millones deben", sino que el debate se debe centrar en la financiación de la Ley.

"Desde que se comenzó a aplicar la financiación de la Ley es algo que preocupa y ocupa tanto a los comunidades como al gobierno central", dijo Noemí Martín, que indicó que Asturias asume el 70% de la financiación de dicha ley.

Añadió que se trata de un debate y un "gran reto" abordar como las administraciones financian, en colaboración, el desarrollo y la aplicación de la ley. Ante las críticas sobre los retrasos en las valoraciones de los distintos niveles de dependencia y en la aplicación de la ley, Cabrera indicó que "se trata de una ley muy joven, de tan sólo dos años, y con un objetivo muy ambicioso, como es poner en pie un nuevos sistema del estado de bienestar equivalente al de salud o educación".

"Lógicamente en relación directa con lo ambicioso del objetivo debemos ir aprendiendo que es lo que está funcionando mejor y lo peor", dijo la ministra, que añadió que en el consejo territorial tanto el Estado como las Comunidades autónomas se está viendo ya cuales son los aspectos que funcionan bien y cuáles necesitan corrección. En este sentido reconoció que los plazos están siendo más amplios de lo previsto inicialmente pero indicó que eso se solucionará en la medida en que el sistema ruede y se consolide.

Dijo que sabe que las expectativas creadas son muchas pero aseguró que es necesario entender que se está ante "un sistema nuevo". No obstante indicó que tras dos años de la puesta en marcha de la ley hay 566.000 personas en toda España con derechos reconocidos a los beneficios de la ley, lo que supone "un éxito importante, a pesar de que podría funcionar mejor".

Por su parte el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, detacó el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno central como por el Principado para desarrollar esta ley y destacó que "se trata de un sistema que afecta a miles de personas".

"Una ley así es imposible aplicarla de manera inmedita porque es necesario la puesta en marcha un desarrollo normativo que termine haciendo un plan individualizado para cada persona", dijo Areces.