Apuesta por que se restaure "su modelo tradicional de funcionamiento"
OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo alerta en su informe anual de 2015 del riesgo de "malograr" la UTE de Villabona tras la imposición de nuevas normas de funcionamiento en 2014 y pese a que desde el propio centro se dijo que "imponer estas nuevas normas suponía en la practica el desmantelamiento de la unidad terapéutica educativa".
Así lo refleja el informe de la institución dirigida por Soledad Becerril que, en lo referido a los 'Derechos de los Internos', incluye el seguimiento de una recomendación formulada por la institución sobre la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona.
Según se indica en el documento recogido por Europa Press, el objetivo era "que se restaurase su modelo tradicional de funcionamiento, cuya base está constituida por el pormenorizado documento confeccionado por los funcionarios creadores del proyecto de intervención 'Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona' y que ha servido de guía desde 1998 a la iniciativa que con esta denominación y contenido se ha llegado a convertir, merced a su esfuerzo, en un referente de intervención penitenciaria en España".
"Este modelo se encuentra actualmente en riesgo de ser malogrado por la aplicación mecánica de la Instrucción 9/2014, cuando lo singular requiere un tratamiento específico, como individualizado ha de ser el tratamiento de cada interno", dicen desde el Defensor del Pueblo.
Además, la institución hace referencia en su informe a su "insistencia" en que "sea restaurado el proyecto del referido centro penitenciario no alberga otra finalidad que servir de apoyo a la parte más vulnerable en el presente conflicto, que es el privado de libertad y su proceso de reinserción mediante la participación en un muy exigente programa de intervención".
"Pese a que su singularidad ha sido objeto de múltiples reconocimientos y que sus resultados se debían, aparte del esfuerzo personal volcado, a unas determinadas normas de funcionamiento, estas fueron sustituidas por las impuestas a partir del año 2014, pese a que desde el propio centro se dijo que imponer estas nuevas normas suponía en la practica el desmantelamiento de la unidad terapéutica educativa", añaden.
El Defensor del Pueblo concluye este apartado incidiendo en su compromiso con "el apoyo a aquellos profesionales que han dedicado a este proyecto desde su gestación y alumbramiento en 1998 lo mejor de su saber profesional".
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