Las organizaciones PHA, Adecex, y Otecas firman un manifiesto a favor del pacto social y político por la educación

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sociales 'Plataforma por la Homologación de la Enseñanza Concertada de Andalucía' (PHA), la 'Asociación de Docentes de Enseñanza Concertada de Extremadura'(Adecex) y la 'Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias' (Otecas) firmaron ayer una propuesta conjunta a favor del pacto social y político por la educación.

Según informaron las organizaciones citadas en nota de prensa, el manifiesto fue enviado ayer, 16 de marzo, a través del cauce que el Ministerio de Educación tiene abierto en su web oficial.

PHA, Adecex y Otecas consideran que el Estado "necesita urgentemente un cambio de modelo, donde la educación desempeñe un papel protagonista". Por ello pretenden que se mejore la situación actual mediante un contrato social sin exclusiones en el que se sientan reconocidos todos los trabajadores que integran el servicio público educativo.

Además, añadieron que no es cierto que la convivencia entre la escuela pública y la privada concertada sea uno de los grandes problemas del sistema educativo. "La realidad es que este modelo es beneficioso para que la calidad en conjunto mejore, además de contribuir al pluralismo educativo y a la eficiencia de los recursos", justificaron.

La clave para esta convivencia es, según apuntaron, ofrecer calidad desde la una y desde la otra, asumiendo las mismas obligaciones, propiciando la inclusión educativa, acentuando la complementariedad, integrando a todo tipo de alumnado y aplicando los mismos criterios en la dotación de recursos, programas y personal.

Las propuestas planteadas por las organizaciones en su manifiesto recogen que los criterios para la dotación de recursos deben ser los mismos en los centros públicos y concertados. Además, insisten en garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, con independencia del centro.

La tercera de las propuestas señala la importancia de prestar una especial atención a la prevención individualizada en las etapas de Infantil y Primaria, "principal garantía de los futuros éxitos escolares que la sociedad exige y nuestro país necesita".

El deber de las Administraciones Educativas de velar por el control de los fondos públicos que se invierten en los centros, la garantía de un calendario de Homologación de las condiciones laborales y salariales de los docentes, y el establecimiento de las modificaciones legislativas necesarias y proveer su financiación, completan sus reivindicaciones.