OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los profesores de Economía Pública de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera y Francisco Delgado abogan por reforzar la inspección y endurecer las sanciones para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, que suponen un problema histórico en España que se ha visto incrementado con la actual crisis económica.
Según indicaron en declaraciones a Europa Press, la economía sumergida en España se estima entre un 20 y un 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y tiene presencia en todos los ámbitos, desde el mercado laboral, al consumo o la actividad fiscal.
"Contratos a tiempo parcial que luego son jornadas a tiempo completo; salarios pagados en metálico o en especie para evitar la declaración de esa renta; jornadas abusivas por encima de lo que estipula el contrato; salarios extremadamente bajos en función de la cualificación; rentas ocultas de autónomos y profesionales; el abuso de las bajas laborales; o personas que trabajan en la economía sumergida mientras cobran el subsidio por desempleo, son algunas de las situaciones vinculadas a la economía sumergida en el mercado laboral", explicaron.
"Se dice que durante los años de bonanza aumenta la economía sumergida, pero se percibe que la economía sumergida y el fraude aumentan más durante las crisis severas como la actual", sostiene Fernández Llera.
Al respecto, hizo una reflexión sobre los cuatro millones de parados que registra España y su relación con la economía sumergida. "Habría que ser más rigurosos y contabilizar sólo a parados que efectivamente lo son y, además, buscan activamente empleo. Esto excluye a personas que no buscan trabajo, prejubilados, amas de casa inscritas como paradas, y a quienes trabajan sin declarar y siguen inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo, incluso beneficiándose de prestaciones", dijo.
En la misma línea, Francisco Delgado postula que "si la estadística de unos cuatro millones de desempleados es correcta, por mucho que se mejoren las prestaciones por desempleo y otras ayudas, implica que la economía informal ha recibido un fuerte impulso".
Por ello, el profesor Delgado defiende que se incorpore la educación fiscal a todos los niveles formativos, desde bien pequeños hasta la universidad, "para cambiar la mentalidad" y reducir así, a medio y largo plazo la economía sumergida y sus efectos.
Además, apuesta por la transparencia y austeridad en el Sector Público "para que los ciudadanos vean la utilidad de pagar impuestos"; y propone que las Administraciones intensifiquen la lucha contra la economía sumergida mediante más inspección.
Roberto Fernández Llera se muestra coincidente, y sostiene que "es preciso reforzar la inspección de trabajo, sin trampas, para detectar y sancionar las conductas abusivas tanto de empresas, trabajadores o profesionales que cometan fraude", a la vez que defiende el impulso a otras modalidades de contratación como a tiempo parcial y el teletrabajo.
En el ámbito tributario considera clave reforzar la inspección fiscal y, en particular, en la detección de bolsas de fraude en el sector inmobiliario, para acabar con el pago 'en B'; en el seguimiento de las rentas de autónomos, profesionales y grandes fortunas; o en las facturas y el IVA. "Todo ello complementado con sanciones más eficaces y una mayor coordinación entre administraciones para que compartan bases de datos y protocolos de actuación", propone.
Finalmente, el profesor Fernández Llera instó a trabajar en el ámbito internacional "para luchar contra los paraísos fiscales o las grandes redes de fraude".