Aplazada por tercera vez la declaración de los tres últimos alcaldes y ocho exconcejales imputados por los sobresueldos

CASTRO URDIALES 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha vuelto a aplazar la declaración, prevista para este martes, de los tres últimos alcaldes de Castro Urdiales y de ocho exconcejales imputados por prevaricación administrativa por votar a favor de determinadas partidas de complemento personal transitorio en beneficio exclusivo de dos funcionarios concretos.

Es la tercera vez que se suspende la declaración después de las citaciones fallidas del 26 de noviembre y del pasado 6 de febrero, que el juez suspendió porque el Ayuntamiento no había remitido la documentación solicitada.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha remitido parte de esa documentación, a falta de dos informes, por lo que el juez ha preferido suspender la declaración de este martes y citar de nuevo a los imputados cuando reciba los informes pendientes.

Se trata de declaraciones ampliatorias, ya que los 11 concejales y exconcejales ya han prestado declaración anteriormente como imputados por esta causa. Una vez que tengan lugar estas comparecencias, la instrucción de la causa quedará "prácticamente finalizada".

Junto al actual alcalde, Iván González (PP), y sus antecesores, Fernando Muguruza (PRC) y Rufino Díaz Helguera (PSOE), ahora portavoz de AxC, también están imputados por posible delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de malversación de fondos públicos, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Gloria Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor y Agustín Fernández, así como los funcionarios que presuntamente se beneficiaron de las partidas de complemento personal transitorio, Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo.

El magistrado considera que estos complementos se aprobaron en Plenos de 2008 y 2009 "sin amparo legal alguno" y habiendo sido previamente advertidos de la ilegalidad que suponía "hasta en cuatro ocasiones", dos por la técnico de Recursos Humanos y otras tantas por el interventor municipal.

Tras la suspensión de la declaración fijada para el 26 de noviembre, el juez Luis Acayro Sánchez dicto una providencia en la que fijaba de nuevo la declaración para el 6 de febrero y solicitaba al Ayuntamiento de Castro Urdiales que aportara con urgencia una serie de documentación para que pudiera ser estudiada por todas las partes de cara a la celebración de las citadas declaraciones.

En esa providencia, el magistrado denunciaba que el Ayuntamiento de Castro Urdiales seguía "sin aportar la documentación solicitada o se ha enviado documentación incompleta, parcial o de manera sesgada".

En concreto, señalaba que "se sigue sin responder a un oficio remitido desde hace más de 15 meses, se sigue sin cuantificar determinadas partidas que impiden cerrar la instrucción, se ha remitido el acta de Pleno de 8 de junio de 2012 manipulada, es decir, excluyendo parte de su contenido, y, en parte de la documentación aportada no se concreta lo solicitado".