Gobierno inicia proceso para aprobar el decreto que creará la oficina contra la corrupción

El Portal de Transparencia publicará mañana el trámite de consulta y la Consejería de Presidencia ultima ya un primer borrador de la norma

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria iniciará este viernes, 17 de agosto, el proceso de aprobación del futuro decreto que creará y regulará la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, un compromiso de legislatura del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y que propiciará la puesta en marcha de un órgano independiente encargado de recibir, investigar y tramitar las denuncias de la ciudadanía.

Según informa el Ejecutivo, el Portal de Transparencia publicará este viernes el trámite de consulta con el que recabar la opinión de la ciudadanía para ayudar a identificar los problemas que debería afrontar la normativa, los objetivos perseguidos, su carácter necesario y las posibles soluciones o alternativas.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha avanzado en un comunicado que su departamento ultima ya un primer borrador del futuro decreto, que espera publicar de forma inmediata una vez se cierre el plazo de consulta previa y se estudien las primeras alegaciones.

Para la elaboración del borrador, el Ejecutivo se ha servido de la reciente directiva europea por la que se establecen las normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen de las infracciones, así como de la tramitación en el Congreso de la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Una vez definidas las grandes líneas legislativas en esta materia y consolidadas las políticas de transparencia, Cantabria cuenta ahora, ha dicho De la Sierra, con las "herramientas necesarias" para impulsar esta nueva estructura administrativa de "admisión, control y tramitación de denuncias por presuntas conductas ilícitas".

El consejero ha señalado que trabajará en coordinación con el resto de unidades administrativas de control --la Inspección de Servicios y la Intervención General-- y cree que ayudará a facilitar la supresión de los casos de corrupción y a superar la desafección hacia la clase política y los poderes públicos, "motivada precisamente por esas malas prácticas".

Según se recoge en la resolución que se publicará este viernes, el Ejecutivo considera necesaria la Oficina de buen gobierno ante la "necesidad de intentar suprimir los casos de corrupción y, en cualquier caso, de prevenirles mediante instrumentos eficaces y que otorguen confianza para los denunciantes".

La futura norma determinará este nuevo servicio, que se integrará en la estructura general de la Administración Autonómica, aunque garantizando su independencia y como complemento necesario tanto a la Inspección General de Servicios como a las funciones de control de la Intervención General.

BUZÓN DE DENUNCIAS

Los objetivos de la Oficina serán prevenir e investigar, en primera instancia, posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

Su ámbito de actuación se extenderá a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella y las entidades que integran el sector público autonómico.

También, atenderá las denuncias o quejas por actuaciones de entidades concesionarias de servicios públicos autonómicos, perceptoras de subvenciones, las que tengan atribuida la gestión de servicios públicos y los contratos públicos y cualquier ente participado por fondos públicos provenientes de la Administración General de Cantabria.

Se prevé canalizar denuncias de otras administraciones e instituciones hacia los órganos competentes de las mismas.

Para recoger todas las denuncias, se habilitará un buzón electrónico de acceso público en que el que empleados públicos y la ciudadanía en general, identificándose en la plataforma y garantizando su anonimato, podrán formular quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con actuaciones o conductas que puedan resultar contrarias al derecho, a los principios o reglas éticas y de buen gobierno y administración que determina el marco normativo vigente.

Se trata de conductas en las que puedan incurrir las autoridades, el personal y altos cargos, siempre que se refieran a asuntos sometidos a su actuación.

Se contempla además la práctica de diligencias de investigación de los hechos puestos en conocimiento a través del citado buzón, que corresponderá a la propia Oficina procediendo con la investigación y la derivación, en su caso, a los órganos competentes para la depuración de las responsabilidades que pudieren traer consigo y emitiendo informe de sus actuaciones que será remitido al Consejo de Gobierno y el Parlamento.

INTEGRADA EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

La Oficina de buen gobierno y contra la corrupción estará adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Justicia. Su responsable tendrá rango directivo y su nombramiento será a propuesta de la persona titular de la Consejería de Presidencia y Justicia, previo conocimiento del Parlamento de Cantabria.

Según explica el Gobierno en la resolución de consulta pública, su integración en la estructura de la Administración responde a cuestiones de eficacia y eficiencia administrativa y presupuestaria, así como al dimensionamiento de la propia Administración autonómica y su sector público.

El rigor presupuestario en relación con las normas de organización administrativa, unido a la coordinación con departamentos con funciones de investigación ya existentes, ofrece además una mayor flexibilidad al servicio que se pretende crear.

La Oficina dispondrá del personal y medios materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones y actuará con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los principios de integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, proporcionalidad, confidencialidad, dedicación al servicio público y presunción de inocencia.

Igualmente, deberá respetar en su actuación los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos y finalidades públicos.

Anualmente, elaborará un informe sobre las denuncias presentadas y las tramitadas, que será presentado en el Parlamento de Cantabria.