La instrucción del caso 'La Loma' de Castro finaliza con más de 50 imputados por 10 delitos

El juzgado ve indicios sólidos de una "trama de corrupción" urbanística y una "anulación consciente" de los controles legales

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha puesto fin a la investigación abierta por el conocido como caso 'La Loma' y ha imputado a más de cincuenta personas, entre cargos públicos, empresarios y funcionarios municipales, que podrían haber incurrido en diez tipos de delitos, entre otros, de prevaricación urbanística, estafa y cohecho.

Y es que, según asegura en un auto de más de 200 páginas, fechado este jueves, 9 de junio, en el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) nº3, nº4, nº7 y nº12, se han sucedido diversas irregularidades que se han traducido en un perjuicio al patrimonio municipal de al menos 9,6 millones de euros, y en el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, un promotor y el ex alcalde y actual portavoz de Acuerdo por Castro (AxC), Rufino Díaz Helguera.

Entre el medio centenar de imputados figuran, además de Díaz Helguera, el alcalde en funciones, Fernando Muguruza; el portavoz socialista, Daniel Rivas; el ex secretario municipal, César Saiz, y el candidato socialista a la Alcaldía de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, representante de una de las empresas constructoras.

Según el magistrado, en el desarrollo urbanístico de esta zona se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, falsedad de documentos públicos, estafa, delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, infidelidad en la custodia de documento público, falsedad de documento mercantil y malversación de fondos públicos.

A su juicio, la investigación ha puesto de manifiesto un "contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en el desarrollo urbanístico de los distintos sectores y unidades de ejecución".

En este sentido, señala que entre los años 2002 y 2004 se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para reclasificar o recalificar "fraudulentamente" más 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable (rústico) o urbanizable industrial, convirtiéndolo en suelo urbanizable residencial.

Y además, se han aprobado todos los planes parciales de los SUNP 3, 4, 7 y 12 con informes negativos de la CROTU que "advertían de ilegalidades urbanísticas flagrantes".

Del mismo modo, recalca que se han remitido expedientes manipulados a la Dirección General de Carreteras, a la Consejería de Medio Ambiente y a la CROTU, se ha certificado la existencia de infraestructuras básicas de abastecimiento y saneamiento que no se ajustaban a la realidad y se ha remitido al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) documentación distinta de la que debía formar parte del expediente.

Igualmente, se han inscrito en el Registro de la Propiedad proyectos de reparcelación y compensación del SUNP 3 y 12 "con ilegalidades urbanísticas manifiestas y distintos a los realmente aprobados"; y todas las licencias concedidas son contrarias al planeamiento.

"PELOTAZO" Y "CORRUPCIÓN"

En opinión del magistrado, el urbanismo en Castro Urdiales se ha gestionado "a criterio y voluntad de los responsables municipales, con una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística" y con "el pelotazo, la falta de infraestructuras básicas y la falta de equipamientos" como "denominador común" en la mayor parte de los desarrollos urbanísticos.

Tras la instrucción de la causa, que supera los 70.000 folios, ve indicios sólidos "como para apreciar una trama de corrupción" en la gestión urbanística, integrada por personas que "se han enriquecido al tiempo del desempeño de sus funciones públicas". RELACIÓN DE IMPUTADOS

Al final, en el auto de procedimiento abreviado, el magistrado imputa a medio centenar de personas, entre ellos, el notario José Graiño Ferreiro; el ex secretario municipal César Sainz Alonso, y su hija; seis técnicos municipales, cuatro técnicos no municipales y 15 representantes de las empresas constructoras.

Y entre los 23 cargos públicos imputados están el alcalde en funciones Fernando Muguruza; su antecesor, el ex alcalde y portavoz de AXC, Rufino Díaz Helguera; el ex representante del PP José Miguel Rodríguez López; el portavoz socialista Daniel Rivas; y concejales y ex concejales como María Teresa Pérez Barreda, Pedro Olano Helguera, María Socorro Andueza Barrenechea, Ana Vélez de Mendizábal, Emilio Casas Piñero, Pascuala San Miguel Romaña, Pedro Revuelta Martín, Concepción Carranza Ortiz, Elisa Dopico Merino, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero Arroyabe, Marta González Hernáiz, Salvador Hierro Santurde, Santiago Vélez Vitoria, Elisa Cantero Salicio, María Ángeles Blanquet Angulo, Guzman Miranda Castresana, Víctor Echevarría Sáez, Ana Zubiaurre Sánchez.

En el caso de los cargos públicos las imputaciones son, en la mayor parte de los casos, por prevaricación urbanística, por apoyar las diferentes modificaciones urbanísticas o la concesión de licencias.

No obstante, en algunos casos, como el del actual alcalde en funciones, Fernando Muguruza, se apunta también un posible delito de falsedad en documento público; y en el caso de Rufino Díaz Helguera se añaden además posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y cohecho.

Por su parte, el ex secretario municipal podría haber incurrido, en opinión del magistrado, en delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y cohecho.

En cuanto a los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, se imputan a los representantes de las empresas que construyeron en la zona y que vendieron algunas de las viviendas pese a conocer la situación legal en que se encontraban.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez dictado el auto de procedimiento abreviado, contra el que cabe recurso, se abre el plazo para que la fiscalía y las acusaciones presenten sus escritos de acusación. Si efectivamente los presentan, como es presumible, el juez acordará la apertura de juicio oral, para que las defensas presenten sus respectivos escritos y el asunto se envíe al tribunal que tenga que juzgar los hechos.

Dado el volumen de la causa, de 67 tomos, el magistrado ha dado en principio un plazo de 20 días hábiles para presentar los escritos de acusación, aunque podría prorrogarse.

Al mismo tiempo, ha citado al fiscal y a las defensas a una comparecencia este viernes, 10 de junio, para decidir respecto a las medidas cautelares, para ver si se mantienen o se solicitan nuevas.

Y es que, al dictar el auto de procedimiento abreviado y finalizar la instrucción, concluye también la vigencia de las medidas cautelares adoptadas durante la investigación, principalmente, las que suponían la paralización de las obras en los casos en que no estaban terminadas y la retirada de determinadas competencias al alcalde en funciones, Fernando Muguruza; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez López 'KyK', y el concejal Salvador Hierro.