También rechaza como prueba las declaraciones de tres periodistas, pero admite la declaración de Diego y un vídeo
SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, ha rechazado el recurso presentado por la defensa de los nueve imputados por el escrache al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en un auto en el que insiste en la "existencia de indicios racionales de criminalidad" en los hechos ocurridos el 17 de febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria y, por tanto, la "inexistencia de razones para sobreseer" el caso.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza "íntegramente" el recurso de reforma contra el auto de imputación y también rechaza las nuevas declaraciones testificales de tres periodistas propuestas por la defensa al considerarlas "extemporáneas" e insta a proponerlas para su práctica en el juicio oral.
No obstante, García Delgado sí admite la petición de declaración del presidente regional y visionado de un vídeo de los hechos pero lo hace porque estas pruebas, señala, ya fueron acordadas a instancia del Ministerio Fiscal.
En cuanto al vídeo, a cuyo visionado están convocadas las partes el próximo 14 de abril, el juez critica que, si las defensas lo tenían en su poder, "lo que deberían haber hecho es aportarlo" durante la instrucción y "no sustraer el conocimiento de este instructor prueba tan relevante".
García Delgado indica que, una vez se visione el vídeo, "en el caso de que aprecie que las imágenes permiten descartar sin más la versión de cargo por falta de verosimilitud y, una vez las acusaciones califiquen los hechos, acordará el sobreseimiento provisional o libre para algunos o todos los imputados". "En caso contrario, acordaré la apertura de juicio oral", apostilla.
Sobre la declaración de Diego, el juez considera que ésta "se torna relevante", una vez que "el Gobierno de Cantabria ha optado por apartarse de la causa en muy recientes fechas", para que el presidente regional "cuente su versión de los hechos" pero también para "ofrecerle acciones a fin de que, si a su derecho conviene, pueda personarse como acusación particular como persona física".
En su condición de aforado, el magistrado recuerda que Diego puede "informar por escrito de los hechos que tuviera conocimiento", aunque indica que esta fórmula de toma de declaración supone "una gran limitación" para el juez instructor a la hora de "valorar la declaración, puesto que pierde espontaneidad e inmediación y se ve seriamente comprometida a la contradicción".
"Todo ello en el caso de que el afectado quiera acogerse a este innegable privilegio procesal. Obviamente si el presidente decide declarar en su despacho oficial, posibilidad que también le reconoce la ley y que le ha sido igualmente ofrecida, tales inconvenientes se salvarían", añade García Delgado.
DIEGO DECLARARÁ POR ESCRITO
No obstante, la defensa de los imputados ha informado a Europa Press que ya se le notificó mediante providencia el pasado 6 de marzo que el presidente regional no comparecerá ante el juez instructor para prestar declaración, sino que lo hará por escrito.
La letrada María Luz Ruiz Sinde ha solicitado a García Delgado que, para garantizar la tutela judicial efectiva a sus representados, la declaración de Diego se produzca con posterioridad al visionado del vídeo admitido como prueba y que está fijado para el próximo 14 de abril.
De admitirse la anterior petición, la abogada de la defensa pide que se deje también sin efecto el plazo de las partes para presentar sus preguntas al presidente regional hasta que se haya visto ese vídeo.
Además, la defensa solicita al magistrado que la declaración por escrito de Diego tenga lugar en su despacho oficial y en presencia del secretario judicial para "garantizar que sus respuestas no son sugeridas o asesoradas por terceros".
En caso de que García Delgado no admita estas solicitudes, la defensa aporta ya, en el documento de solicitud al que ha tenido acceso esta agencia, sus preguntas para la declaración de Diego. Así, le cuestiona por el día de los hechos, si recibió insultos y de quién, si alguna de los imputados intentó agredirle o golpear el coche, si utilizaron una pancarta para tapar el parabrisas o alguien se subió al capó y si trataron de abrir la puerta del vehículo para agredirle, entre otras.