Piden ocho años para dos instaladores por el incendio de Laredo en que murieron seis personas

El fiscal reclama también indemnizaciones por más de 1,6 millones de euros

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide cuatro años de prisión cada uno para dos instaladores de un establecimiento de electrodomésticos acusados de causar la explosión por una fuga de gas, y posterior incendio, ocurridos en julio de 2006 en el complejo residencial Jai Alai de Laredo, en el que murieron seis personas y otras siete resultaron heridas, además de producirse importantes daños materiales.

Además de las penas de prisión, les reclama indemnizaciones por más de 1,6 millones de euros, de los que 982.963 corresponden a los daños en las viviendas y edificio, y 620.982 a daños personales y fallecimientos, cifra que puede elevarse al no incluir las correspondientes a cuatro fallecidos.

El juicio contra los acusados, Alberto M.P. y Oscar B.P., a los que el ministerio público les imputa un delito de estragos por imprudencia grave, seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones por imprudencia grave, ha comenzado este martes en el salón de actos de Las Salesas, donde también se celebrarán otras dos sesiones los días 7 y 14 de marzo.

El fiscal también reclama para ellos la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de montadores e instaladores de aparatos electrodomésticos durante seis años.

Según el escrito del fiscal, la tarde del 26 de julio los acusados, ambos empleados de un establecimiento comercial de Laredo y sin "cualificación profesional alguna", acudieron a la vivienda 2ºC, portal 2B del citado complejo residencial, situado en la calle Derechos Humanos para colocar una placa de cocción mixta que el propietario del piso había comprado días antes.

Así, retiraron la placa antigua e instalaron la nueva, a pesar de que esta última era de gas natural y el servicio de la vivienda era de gas propano. De esta manera, y "con conocimiento" de que los tubos de la cocina y de la placa presentaban distintas secciones y diámetro, procedieron a unirlos a través de un tubo flexible de goma, material "no adecuado" para realizar tales conexiones, y dos abrazaderas metálicas.

Los acusados abandonaron el lugar "sin advertir" al propietario del peligro que conllevaba tal instalación y "sin comprobar" que estuvieran cerradas las llaves de paso de gas existentes en el domicilio.

En la madrugada del 27 de julio, se produjo una explosión en la vivienda, cuya causa fue una fuga de gas propano que se produjo en el tramo que lo suministraba a la placa de cocción, en concreto en el instalado por los acusados.

Como consecuencia de la explosión y posterior incendio del edificio s e produjeron múltiples daños personales y materiales. Así, ese mismo día fallecieron cinco personas: un matrimonio y su hija que vivían en la vivienda 3ºC; y dos mujeres que residían en la situada en el 3ºD del inmueble siniestrado.

Además, el 15 de agosto, tras varios días ingresada en el Hospital vizcaíno de Cruces, falleció la esposa del propietario de la vivienda siniestrada.

Este último y sus dos hijos, de 11 y 7 años, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en numerosas zonas del cuerpo que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y de las que tardaron en recuperarse entre 656 y 293 días. También les quedan importantes secuelas estéticas, dolor y estrés postraumático, entre otras afecciones.

Otras cuatro personas sufrieron lesiones por inhalación de humo, intoxicación y estrés postraumático.

Además, se produjeron daños materiales en más de 40 viviendas del edificio. En las zonas comunes del Jai Alai, el fiscal eleva la cuantía de los desperfectos a 340.688 euros.