El 'número dos' del banco recurrirá ante el Constitucional la condena a tres meses de prisión e inhabilitación
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, pedirá el indulto al Gobierno y recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y la del Tribunal Supremo por las que se le condena por un delito de acusación falsa a tres meses de prisión e inhabilitación y se le impone una multa de 400 euros, según ha informado el Santander.
Sáenz solicitará a la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la sentencia, con base al indulto solicitado y al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en tanto se deciden los mismos.
Por su parte, el consejo de administración del Banco Santander ha confirmado a Sáenz en su puesto de consejero delegado, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consejo ha tenido conocimiento de la sentencia del Supremo en la que se confirma la condena de la Audiencia Provincial de Barcelona a Sáenz "en relación con una actuación de recuperación de créditos por Banesto en el año 1994", indica.
Asimismo, el consejo "ha sido informado de las iniciativas que, con arreglo a Derecho, se propone promover el consejero delegado y, desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, le ha ratificado su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones", agrega.
"Si, como se espera, la Audiencia Provincial suspende la ejecución de la sentencia, el recurso de amparo presentado por Sáenz tardará en resolverse entre dos y cuatro años", indica la entidad que preside Emilio Botín.
Los hechos que han dado lugar a esta condena se produjeron en 1994, hace casi 17 años, cuando Sáenz desempeñaba funciones como administrador provisional y presidente ejecutivo de Banesto, puesto para el que había sido nombrado por el Banco de España tras la intervención del banco entonces presidido por Mario Conde, en diciembre de 1993.
La actuación de Sáenz que ha motivado la condena se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación de un crédito de 600 millones de pesetas al Grupo Harry Walker, que nunca le fue devuelto a Banesto.
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