Vecinos de El Pilón y Prado San Roque piden que se rehabiliten sus barrios

Advierten que combatirán esta "injusticia y atropello" con todos los medios legales a su alcance

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de El Pilón y Prado San Roque que han comparecido este martes a puerta cerrada en el Parlamento, han reclamado su derecho a no ser expropiados y a seguir viviendo en sus casas actuales, han arremetido contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, han pedido su modificación y han reivindicado que se rehabiliten sus barrios en lugar de derribar las viviendas para construir otras nuevas, en lo que consideran "una operación especulativa en beneficio exclusivo" de promotores inmobiliarios.

Tanto Virginia Velarde y María José García, vecinas del barrio de El Pilón, como José Luis García y Luis Angel Campo, de la plataforma de Prado San Roque, han reivindicado su derecho a no ser expropiados, con un justiprecio de "miseria" que no les va a permitir comprar un piso en el mismo barrio, y han advertido que impugnarán en los tribunales estos desarrollos urbanísticos del PGOU, que suponen "una injusticia y un atropello" -han dicho- para los residentes en la zona.

Además, todos ellos han considerado una "burla y un atentado a la democracia" que la actividad del Parlamento "se oculte al conocimiento los ciudadanos" y han criticado a los partidos que con su voto han apoyado que sus comparecencias, solicitadas por Podemos, se realicen a puerta cerrada y cuando ya se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la Ley del Suelo promovida por el PP para regular el derecho de realojo, una reforma que -insisten- no soluciona su problema.

Virginia Velarde se ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Santander aprueba constantemente modificaciones puntuales del PGOU "en beneficio directo, exclusivo y descarado de ciertos promotores inmobiliarios y empresarios de hostelería, y a los vecinos amenazados de expulsión de nuestras casas se nos dice que no encuentran una justificación técnico-jurídica" modificar el plan.

Un PGOU "plagado de irregularidades y que vulnera en muchos aspectos la legislación vigente, por lo que es susceptible de ser impugnado indirectamente en los tribunales de justicia -ha dicho- en el momento en que se desarrollen unidades de actuación como la de El Pilón, que según ha dicho es solo una de las 90 previstas.

"LESIVIDAD SOCIAL" DEL PGOU

La portavoz de los vecinos de este barrio ha dicho que, independientemente de que se regulen los derechos de realojo y retorno, "lo que de verdad procede" es que el Gobierno declare la "lesividad social" del PGOU, y ha pedido al Parlamento que "emplace y fuerce" al Ejecutivo a actuar "con la máxima urgencia y todos los medios legales a su alcance para evitar el desastre anunciado que se deriva inevitablemente de la aplicación de este plan general".

En la misma línea, María José García ha denunciado que el PGOU "tiene como prioridad al cemento y el hormigón", "genera desequilibrios entre los barrios" y es "meramente especulativo; ha reivindicado el derecho de los vecinos de El Pilón a permanecer en sus casas de toda la vida, y ha pedido ayuda al Parlamento para evitar lo que ha considerado un "atropello".

En este sentido, ha reclamado una "solución rápida" y ha asegurado que la proposición de ley del PP que se está tramitando en el Parlamento para regular el derecho de realojo no soluciona su problema.

"Toda la vida trabajando para tener una vivienda digna y ahora nos la roban", ha denunciado esta vecina de El Pilón, tras explicar que el justiprecio de la expropiación es una "miseria" y no da para comprar un piso en la misma zona.

"Nos expropian y encima tenemos que pagar los gastos de derribo de nuestros propios hogares", ha denunciado, a la vez que ha rechazado el realojo en una vivienda de protección oficial, porque "nunca será nuestra".

Por todo ello, ha subrayado que los vecinos están dispuestos a utilizar todos los recursos legales a su alcance para defenderse de esta "injusticia" e irán si hace falta al contencioso administrativo. Ha destacado que los planes se pueden modificar, que solo hace falta voluntad política, y se ha preguntado por qué los partidos políticos "nos dan la espalda y miran hacia otro lado sin darnos una solución".

Asimismo, ha criticado especialmente al Ayuntamiento de Santander, que en su opinión, es más "sensible y receptivo" a las propuestas de las empresas constructoras que a las de los vecinos.

PRADO SAN ROQUE

José Luis García, de la Plataforma Salvamos Prado San Roque y el Río de la Pila, ha rechazado también que se pretenda derribar las casas existentes en este barrio ubicado en la ladera sur de General Dávila, para edificar viviendas de protección oficial (VPO) y otras libres que "se quedarán sin utilizar" por la pérdida de población que está teniendo Santander y el volumen de viviendas vacías que hay.

"No se puede permitir que gente que ha luchado toda su vida para tener una vivienda digna y paga religiosamente sus impuestos se encuentre con una expropiación que conlleva la pérdida de su vivienda, y que se les eche de su barrio con una mano delante y otra detrás, aunque haya un justiprecio, ya que con eso nunca se podría acceder a una vivienda digna", ha denunciado.

"Como muy poco, se debería hacer un cambio de vivienda por vivienda, y en ningún caso el cambio sería por una vivienda de VPO", ha afirmado el portavoz de la plataforma, quien ha subrayado que sólo con esta medida, "ya se dejaría de especular con terrenos que son privados".

Asimismo, ha denunciado que hace ocho años, con la construcción del funicular, "ya se expropió a muchos vecinos con la promesa del ayuntamiento de que les iban a realojar en la zona, pero todos esos vecinos están en el extrarradio". García ha acusado al Ayuntamiento de Santander de "eludir su responsabilidad pasando el problema creado por ellos a otras instituciones", y que se puede solucionar "con voluntad política".

Por su parte, Luis Angel Campo, vecino también de Prado San Roque, ha denunciado el "abandono absoluto" del barrio, en el que "no se limpia en condiciones" y el Ayuntamiento "no sanea las fincas públicas pero obliga a los vecinos a limpiar las propias" y si no lo hace él cobrándolo después.

También ha denunciado que hay zonas de Santander que reciben subvenciones o ayudas para la rehabilitación de sus edificios y conservación de sus barrios, y en otras zonas no reciben ni el permiso para rehabilitar su edificio. En el caso de Prado San Roque, ha explicado que el desarrollo urbanístico previsto en el PGOU afecta a unos 55 vecinos, de los que unos 18 o 20 viven allí y el resto son edificios "derribados por la falta de ayudas para su rehabilitación".

"Evolucionar no significa tener que abandonar su barrio, su entorno y sus amistades, con una mano delante y otra detrás, obligando a los vecinos a volverse a hipotecar y esta vez de por vida", ha denunciado, a la vez que ha reclamado la modificación de un PGOU que, en su opinión, "está diseñado por y para cuatro a costa de muchos".

Luis Angel Campo ha reivindicado que se puede "reformar lo que tenemos, y en el caso de que se fuera a hacer nuevo, que se respete lo nuestro, mismo barrio, mismas condiciones". "No queremos irnos, queremos seguir allí; si quieren adecentar o embellecer el barrio que lo hagan, pero respetando a sus vecinos", ha concluido.