GUADALAJARA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha analizado este martes los recursos que afectan a las empresas que actuaron en la extinción del incendio de Guadalajara ocurrido en julio de 2005, que acabó con la vida de 11 integrantes de un retén y arrasó 13.000 hectáreas de pinos, y este miércoles terminará de evaluar todos los que se han presentado contra el auto de procesamiento dictado por el incendio.
En la sesión de este martes se estudiaron las razones alegadas por los abogados de los representantes de Tragsa, Luis Miguel Carrascal y Joaquín Baumela y por la defensa de Luis Miñano, de la empresa Helicópteros del Suroeste, para rechazar la imputación de sus defendidos.
"Todas las partes implicadas se han remitido a las razones esgrimidas en comparecencias anteriores para reiterarse en sus tesis" y, según ha indicado a Europa Press la letrada Carmen Martínez de Tejada, queda por analizar los recursos que afectan a técnicos y cargos políticos que están imputados.
Concretamente, entre los técnicos imputados por delito de incendio forestal por imprudencia grave, delito de homicidio por imprudencia y delito contra la seguridad de los trabajadores, están Carlos Damián Muñoz, Antonio Solis, Miguel Aguilar, José María Gaitán, Alfredo Luis Chavaría, Antonio Pallarés y Ángel Vela.
En cuanto a los cargos políticos imputados por delito forestal por imprudencia grave se encuentran el ex responsable de Medio Natural, José Ignacio Nicolás; el ex delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo. Todos los imputados, menos la ex consejera "que tiene su propio abogado", irán en el mismo grupo defendidos por el abogado de la Junta, Esteban Mestre.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han manifestado su convicción de que la Audiencia Provincial de Guadalajara determinará las imputaciones definitivas "antes de que finalice el mes de julio". Según esas mismas fuentes, "no parece lógico que se analicen los recursos en mitad de un mes vacacional por excelencia y que ahora se aplace la decisión hasta después del verano".