Echániz califica la Plataforma por la Ley de la Dependencia como "plataforma política del PSOE para hacer campaña"

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha calificado a la Plataforma por la Aplicación de la Ley de la Dependencia como "una plataforma política del Partido Socialista para hacer campaña antes del 20 de noviembre".

Declaraciones que ha hecho Echániz este miércoles a preguntas de los medios sobre el apoyo que ha dado el PSOE de Castilla-La Mancha a esta Plataforma con la firma de su decálogo.

El consejero de Sanidad ha señalado que esta es una plataforma "creada en tiempo preelectoral por personas afines al Partido Socialista" y por lo tanto, no cree que sea una plataforma que reúna a todas las personas dependientes. Asimismo, ha asegurado que la Junta tiene "relación con el mundo de la dependencia de forma diaria", ya que es su "responsabilidad".

Echániz ha afirmado que recibirán a este grupo de personas, "como han recibido a otras asociaciones e instituciones de este ámbito a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Autónoma", pero que el Gobierno regional "no va a jugar a hacer campaña electoral", sino que van a ser "serios y responsables". Por último, ha señalado que "este tipo de actuaciones" como las que está haciendo el PSOE, el Gobierno no las hará "ni ahora ni nunca".

DECÁLOGO

El decálogo de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de la Dependencia fue firmado este martes por el candidato socialista de Ciudad Real a las elecciones del próximo 20 de noviembre, José María Barreda.

Dicho decálogo pretende comprometer a sus firmantes a asegurar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia con carácter prioritario a otras políticas, implementando un sistema de información transparente y eficaz.

La plataforma quiere que los firmantes mantengan en todo el Estado el acceso al derecho constitucional de recibir atención a la dependencia en condiciones de igualdad y suficiencia, eliminando las sustanciales diferencias territoriales o sectoriales respecto a prestaciones, servicios, plazos, compatibilidades, derechos administrativos o idoneidad de las baremaciones.

Entre otras peticiones, esta plataforma pide a los firmantes que cumplan la obligatoriedad de resolver las ayudas en el plazo de seis meses, así como revocar inmediatamente las normativas autonómicas que han convertido el silencio administrativo positivo en negativo, contradiciendo la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y las normas subsiguientes para su aplicación.