Tribunal de Cuentas analizó 311 expedientes de 15 entidades locales de C-LM que omitieron fiscalización en 2014 y 2015

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha analizado un total de 311 expedientes de una quincena de entidades locales de Castilla-La Mancha de actuaciones que no se sometieron a la correspondiente fiscalización de la Comunidad Autónoma, unas acciones que en conjunto supusieron un gasto de 18,7 millones de euros.

En concreto, el informe del Tribunal de Cuentas, recogido por Europa Press, precisa que en el año 2014 fueron un total de 169 expedientes por algo más de 13 millones de euros; y 182 expedientes por 5,7 millones al ejercicio siguiente.

Las entidades fiscalizadas durante estos ejercicios fueron las cinco diputaciones y los ayuntamientos de Albacete, Almansa, Hellín, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puertollano, Valdepeñas, Cuenca, Azuqueca de Henares, Guadalajara, Illescas y Toledo.

En el caso de la Diputación de Albacete, considera el Tribunal de Cuentas que se abonaban conceptos retributivos que no estaban previstos en la normativa estatal, que el reparto de la ayuda social implantado en la no se ajustaba a los límites de las materias que podían ser objeto de negociación colectiva o que se procedió a contratar personal temporal sin acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes de presupuestos del Estado para justificar dichas contrataciones.

Como apuntes a la gestión del Ayuntamiento de Albacete, indica el tribunal que se ejecutaron prestaciones con carácter posterior a la finalización de los contratos sin tramitar el preceptivo expediente de contratación, además de que no se subsanaron irregularidades que motivaron reparos del órgano de intervención.

Una de las pegas a la gestión en Almansa por parte del tribunal pasa al hecho de que contaba con un sistema de fiscalización previa que sólo preveía la comprobación de la adecuación y suficiencia de rédito sin verificación de la competencia del órgano al que se somete la realización del gasto; o que reconoció en ambos ejercicios conceptos retributivos no previstos en la normativa como pluses de nocturnidad o de festividad.

Hellín también fue sometido a análisis, del que el tribunal dilucidó que incumplió el orden de prelación de pagos prevista en la ley, además de que la intervención no motivó suficientemente sus reparos y no se precisaron qué propuestas de pago debían atenderse con carácter preferente conforme a la normativa.

CIUDAD REAL

La Diputación de Ciudad Real, tal y como recoge este informe, aprobó en 2014 un plan de empleo antes de recibir los informes preceptivos de la comunidad autónoma y del órgano de tutela financiera, en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Consistorio de Alcázar de San Juan, indica el texto del informe, efectuó gastos sin crédito adecuado y suficiente; mientras que el Ayuntamiento de Puertollano no reguló adecuadamente el sistema de fiscalización limitada previa. Además, en esta entidad se llevó a cabo una Oferta de Empleo Público sin someterse a fiscalización previa en el año 2015.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas señala que el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) ejercía su control interno al ejercicio de la fiscalización previa de legalidad sin que hubiera un control posterior, empleó "de manera recurrente" el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar al presupuesto gastos de ejercicios precedentes para los que no existía crédito, así como que los informes de Intervención no hacían referencia a otras deficiencias en la tramitación de los gastos y facturas acometidas mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

En el caso de la Diputación de Cuenca, el Tribunal hace referencia a que la Institución provincial tampoco tenía implantado un control posterior en el sistema de control interno de la fiscalización previa y refleja también que asignó el complemento de productividad a partir de una valoración del desempeño que carecía de elementos suficientes de objetivación, ya que todos los trabajadores recibieron la máxima calificación, lo que supone "desnaturalizar" esta evaluación.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Cuenca, el informe del tribunal indica que en el ejercicio 2014 hubo un control interno insuficiente y que en cada uno de los ejercicios estudiados el Consistorio realizó gastos por encima del nivel presupuestado para cada uno de ellos.

De su lado, la Diputación de Guadalajara no contaba tampoco con un control posterior para la fiscalización previa, mismo reparo que se realiza al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). En este ayuntamiento también se señala que se aprobó un plan de empleo con anterioridad a la solicitud de los informes necesarios.

En cuanto al Ayuntamiento de Guadalajara, destacan algunos incumplimientos en el ejercicio 2014 a la hora de acordar modificaciones y prórrogas de contratos y también se señalan deficiencias en el sistema de recaudación que "pueden estar ocasionando perjuicios a los contribuyentes".

En lo referente al Ayuntamiento de Illescas (Toledo), tampoco se reguló adecuadamente el sistema de fiscalización limitada previa y el Tribunal de Cuentas apunta que se reconocieron en el ejercicio 2014 retribuciones por conceptos que no estaban previstos en la normativa de aplicación.

Finalmente, en el caso del Ayuntamiento de Toledo, el Tribunal explica que el Consistorio efectuaba contrataciones de personal temporal y aprobaba modificaciones de contratos en contra de las advertencias de la Intervención y empleaba con reiteración el reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar gastos de ejercicios anteriores realizadas al margen de procedimiento.