AMP III.El juez del 'Caso PGOU' excluye al alcalde de su auto de imputación, en el que sí figuran doce personas

Entre ellos, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el secretario municipal, Valentín Merino

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha excluido finalmente al alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, del auto de imputación en el que figuran doce personas físicas y cuatro empresas como responsables, en distinta medida, de las graves irregularidades cometidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el auto judicial, de treinta y siete páginas y dado a conocer este mediodía, el juez José María Crespo responsabiliza de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

Junto a ellos, figuran también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios.

Ahora, las partes personadas en esta causa (acusación y defensa) pueden presentar recurso. Cuando el auto se confirme, las acusaciones calificarán los hechos concretando los delitos.

En el caso del resto de personas que a lo largo del proceso declararon en calidad de imputadas, entre ellas el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como a antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, el arquitecto Pablo Luis Gigosos, o el director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero, quien en la época de los hechos era jefe del Servicio de Urbanismo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra ellos al no encontrar indicios suficientes como para acusarles de delitos concretos.

En este sentido, al instructor precisa que en algunos de estos casos "podría hablarse de una culpa in vigilando o bien in eligendo, pero sin alcance penal".

Las claves de las irregularidades detectadas por el juez en el proceso habido hacen referencia a que no se ha tramitado el cambio del PGOU mediante revisión del mismo; no se ha dado cuenta del texto único por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para examen del texto antes de su remisión para la publicación del mismo, y la ausencia de requisito de control por la Consejería de fomento del texto único, antes de su publicación.

El procedimiento de revisión o los controles señalados, según entiende Crespo, habrían podido evitar que se publicase en el boletín oficial un texto con planos distinto al que debió ser publicado.

EL CONCEJAL Y EMPRESARIOS, CONCERTADOS

El juez se muestra contundente al señalar que en el proceso de modificación del PGOU, los imputados que actuaron en representación de distintas mercantiles, también imputadas, "se pusieron de acuerdo" con el concejal García de Coca de cara a obtener por la vía del articulado y planos, determinadas modificaciones bien no previstas bien rechazadas con anterioridad, ante solicitudes de actuación formuladas por algunas de esas empresas.

"El núcleo operativo" dentro del Ayuntamiento estaba conformado por García de coca, Álvarez Aller y Modesto Mezquita, ambos técnicos que acudían de ordinario, aunque no figuraban en las actas, a las reuniones de la Comisión de Urbanismo, donde daban las explicaciones oportunas cuando los miembros de la oposición municipal planteaban dudas o problemas a los diferentes informes favorables a las posturas mantenidas por el primero y los solicitantes en cada caso de actuaciones urbanísticas.

Para ello se siguió el proceso normal reglado, "dando apariencia de normalidad en el mismo, salvo algunos trámites, que no se llevaron a cabo de modo ortodoxo. Pero además, el juez apunta que en el momento en que García de Coca accede al cargo cambió la organización y varias personas del equipo municipal con competencias en urbanismo para adecuarlo a los planes que se conformarían en el proceso posterior de modificación del PGOU.

Respecto de las actuaciones entre personas del Ayuntamiento y representantes de empresas que se tradujeron en beneficios concretos, el instructor pone el acento en cuatro actuaciones urbanísticas, una de ellas en la Avenida de Madrid, promovida en febrero de 2007 por José Luis Mayordomo, en nombre de Vallenaba Capitol (luego Vallenava Inversiones S.L), solicitando aprobación de estudio de detalle de cuatro parcelas en el kilómetro 185 de la referida vía.

Tras una tramitación irregular amparada por el entonces edil de Urbanismo, García de Coca, el arquitecto Álvarez Aller y Modesto Mezquita, entonces jefe del Área de Urbanismo, se pasó de la posibilidad de construir nueve a 124 viviendas, al haberse alterado en el plano la superficie de parcela mínima.

También se centra el juez en la demolición del edificio de Monedero--era un bien catalogado--en la calle Libertad 15-17, que se efectuó obviando la obligación de que la Junta supervisase la catalogación de edificios gracias a una modificación del artículo 6 del PGOU. El 18 de septiembre de 2007 llegaría una sentencia, ya tarde, que declaraba nula dicha demolición.

Del mismo modo, el auto se centra en la operación urbanística de Parkosa relativa al proyecto básico de complejo residencial-asistencial para mayores en Arca Real 54 presentado en 2006. Se trataba de la figura de apartamentos tutelados, inexistente en la normativa de Castilla y León y la municipal. Se conseguiría así la edificación de residencial bajo la forma de inmueble asistencial.

Otras de las manipulaciones señaladas por el juez, de suelo urbano no consolidado a consolidado por alteraciones en los planos, es la relativa al cambio de calificación de uso del entorno de Cáritas, en la calle José María Lacort, promovido por la Fundación Emilio Álvarez Gallego y que permitió a Parkosa escavar un aparcamiento de 400 plazas, sin que el Ayuntamiento recibiera a cambio, además, cesiones de suelo, subsuelo y vuelo.

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.