Aprobada la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia con los votos de PP y Grupo Mixto

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia con los votos a favor de PP y Grupo Mixto y en contra del Socialista, que planteó inicialmente 269 enmiendas al proyecto y mantuvo finalmente 138 que fueron rechazadas.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, explicó que la nueva ley "supera" el modelo asistencial para considerar determinadas necesidades de los ciudadanos derechos subjetivos "exigibles" y destacó el consenso, diálogo y participación con el que se ha contado para su elaboración, tanto de asociaciones como de agentes sociales, entidades locales así como grupos parlamentarios ante la importancia de este texto.

El consejero recordó que el texto sustituye a la anterior Ley de Acción Social y Servicios Sociales de 1988, que configuró sistema acción social. Existen circunstancias que motivan una nueva ley. Cambios sociales demanda un sistema de servicios sociales que atienda con garantías de eficiencia y sostenibilidad las necesidades de las familias. Se supera el modelo asistencial para considerarlos como derechos subjetivos "exigibles" de los ciudadanos.

Antón, quien tras la aprobación de la ley se acercó a estrechar la mano del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explicó que el proyecto responde a la evolución de las políticas sociales, que demanda "un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que atienda con garantías suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas".

El titular de Familia aseguró que se trata de una ley "moderna, ágil en su desarrollo y flexible en su estructura", que garantiza un sistema de Servicios Sociales que permitirá acceder de forma "ágil y sencilla" a los servicios y que está "hecha por y para todos los castellanoleoneses".

Sin embargo, el procurador socialista Fernando Rodero considera que la ley, además de llegar "muy tarde", es "peor" que la de hace 23 años, no defiende un modelo público, ya que a su juicio "abre la puerta" a la privatización y los ciudadanos no van a saber ni los centros a los que tienen acceso ni las prestaciones.

Además, Rodero criticó la falta de financiación a diputaciones y ayuntamientos así como a las asociaciones del denominado "tercer sector", que son las que ejercen "por dejación o falta de concreción" las competencias de la Junta.

El procurador socialista considera que es un "mal proyecto", "poco elaborado" y que presenta "lagunas" pero que además da insuficiente respuesta a las demandas de la sociedad y que cuenta con una memoria económica que cree "prácticamente inexistente".

Respecto a la financiación, indicó que es el "mayor punto de discordia" porque no cuenta con un sistema de financiación "estable" para ayuntamientos y diputaciones que se han hecho cargo de competencias "impropias" y además se aportan fondos mediante unos acuerdos bilaterales que "dan lugar a arbitrariedades y desigualdades".

Por su parte, Ángeles Armisén dedicó parte de su intervención a "desmitificar" las enmiendas del PSOE, ya que considera que ambos partidos están de acuerdo en el "fondo" pero no en la "forma" y aprovechó para elogiar el trabajo realizado de ambos grupos que ha permitido mejorar el proyecto de ley.

Así, criticó que muchas de las enmiendas se refieran a denominaciones de términos que aparecen en el texto legal, es decir, al fondo y no a la forma y "no justifican la oposición" a la leyporque considera que la terminología no es lo que va a afectar al sistema de servicios sociales, que no sólo integra los de la Junta, sino también a los concertados y privados.

En esta línea, criticó que el PSOE "por pura imagen ideológica" se empeñara en la "batalla" de la denominación, pero además censuró que la oposición tratara de cerrar y concretar las prestaciones a las que se refiere la ley, cuando pueden generarse nuevas, e intentara "bloquear" y dar "rigidez" a la ley.

En cuanto al "horror" de la financiación a la que se refirió Rodero, Ángeles Armisén criticó que pese a las oposición, los socialistas sólo han presentado dos enmiendas a este respecto.

NOVEDADES DE LA LEY

Entre las novedades más importantes del texto aprobado, el consejero insistió en destacar que se supera el concepto asistencial de los servicios sociales para configurar el derecho de acceso a las prestaciones esenciales como un derecho subjetivo, se fijan los derechos y los deberes de los ciudadanos con respecto a los servicios sociales y añadió que se garantiza el acceso a las prestaciones en caso de carecer de recursos.

Pero además, se considera a los servicios sociales como una fuente de riqueza y empleo, se crea el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y distingue entre las esenciales, que tienen la consideración de derechos subjetivos y no esenciales, que se desarrollarán ambas en el catálogo, principal novedad.

Así, se regula el catálogo de servicios sociales de ámbito autonómico, en el que se recogerán, calificarán, definirán y determinarán las prestaciones del sistema de servicios sociales, y se contempla la posibilidad de que las entidades locales competentes aprueben catálogos en sus respectivos ámbitos, todo ello en correlación con el catálogo regional.

El proyecto de Ley reconoce una nueva generación de 13 derechos sociales entre los que figuran el derecho a la información, orientación y asesoramiento; el derecho de valoración, planificación de caso y seguimiento, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas de subsistencia urgentes, medidas específicas para la protección de menores en situación de riesgo o desamparo, atención temprana a niños y niñas con discapacidad o riesgo de padecerla.

La atención comprenderá como mínimo la prevención, detección precoz, diagnóstico y atención de casos, teleasistencia para mayores de 80 años, ayuda a domicilio, atención en centros de día y de noche, atención residencial, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal, servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, y prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado.

En Castilla y León se reconocen de esta forma una serie de derechos además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

Asimismo, se configura una organización integrada para el acceso al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, se integran las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal, la atención y la protección de las personas ante la situación de dependencia, se determina una organización territorial y funcional del sistema más actualizada, se contempla un mapa de servicios sociales para definir la organización territorial, se garantiza la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas implicadas a través del Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales, se reconoce la importancia de la administración local.

Además, se potencia la participación social a través del Consejo Regional de Servicios Sociales, los consejos provinciales de Servicios Sociales y se crea el Comité Consultivo de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.