Gobierno y Junta invertirán 1.050 millones en el II Plan de Calidad de Aguas

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firmaron este martes el Protocolo que permitirá ejecutar las actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, que recoge actuaciones en cinco cuencas.

El protocolo, que persigue que en 2015 todos los municipios de la Comunidad depuren adecuadamente sus aguas, tal y como establece la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, marca el esquema de ejecución de las actuaciones que recoge el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y que suponen una inversión superior a los 1.050 millones de euros, de los que 343 millones serán aportados por el Ministerio y los 713 restantes por la Administración regional.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en la cuenca del Duero, que absorbe el 85 por ciento de la inversión (casi 900 millones de euros); la cuenca del Tajo, con un ocho por ciento del total (84 millones); la del Ebro, con el cuatro por ciento (más de 44 millones); la del Miño-Sil, con un tres por ciento (30 millones) y, por último, la cuenca del Cantábrico, con 1,7 millones.

En primer lugar, el Protocolo contempla las obras declaradas de Interés General del Estado y de futura realización, que serán ejecutadas y financiadas por la Administración General del Estado y que en la actualidad se encuentran ya redactadas o en proceso de redacción, según explicó Juan Vicente Herrera, quien consideró que esta asunción por parte del Gobierno anticipará la obtención de calidad en las aguas.

En concreto, estas actuaciones se realizarán sobre el emisario desde la EDAR de Ávila hasta aguas debajo de la presa de Cogotas y el tratamiento terciario en la EDAR de El Tiemblo, ambas en la provincia de Ávila; el emisario de Fuestespina en Aranda de Duero, la nueva EDAR en Canicosa de la Sierra, la ampliación de la EDAR de Miranda de Ebro, la nueva EDAR de Palacios de la Sierra, la remodelación de la EDAR de Quintanar de la Sierra y la nueva EDAR de Vilvestre del Pinar (Burgos), todas ellas en la provincia de Burgos.

A ellas se suman la ampliación de la EDAR de La Bañeza y actuaciones sobre el colector de El Bierzo en Cabañas Raras, en la provincia de León, así como en el tratamiento terciario en la EDAR de Palencia; la conexión de saneamiento entre Candelario y Béjar y los emisarios de Pelabravo, Arapiles, Las Torres y Carbajosa y del azud de Villagonzalo para su conexión con la depuradora de Salamanca, todas ellas en esta misma provincia.

Completan la lista de los proyectos que la Junta entregará al Gobierno para su ejecución la ampliación de la EDAR de Soria y en emisario de Golmayo, ubicado también en la provincia de Soria.

MÁS ACTUACIONES

En segundo lugar, el convenio incluye las obras de tratamiento terciario asociadas al cumplimiento de las condiciones exigibles en las zonas declaradas "sensibles" que afecten a la Comunidad y que se localizan en Arenas de San Pedro, Arévalo, Barco de Ávila y Piedralaves (Ávila); Venta de Baños (Palencia); Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Cantalejo y Cuéllar (Segovia); Iscar, Tordesillas, Tudela de Duero y Valladolid (Valladolid); Benavente, Toro y Zamora capital (Zamora).

En tercer lugar, el texto recoge las obras que serán realizadas bien por las Sociedades Estatales, bien por la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León y que, en este caso, consiste en las obras de ampliación de las EDAR de Ávila, Burgos, León y Segovia, así como los emisarios de los correspondientes alfoces.

En cuarto lugar se incluyen obras que figuran en el Plan General de Saneamiento y Depuración de la Junta y que ésta se compromete a ejecutar en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora y, por último, establece la ejecución de actuaciones en municipios integrados en Red Natura 2000 (aquellos que tengan al menos un cinco por ciento de su superficie o un mínimo de 2.000 hectáreas en dicha red y una población inferior a 20.000 habitantes).

Según informaron a Europa Press fuentes de las dos administraciones, las actuaciones se incluirán de común acuerdo en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible que en su momento apruebe el Gobierno y por el que la Administración General del Estado financiará y ejecutará hasta el 50 por ciento de su coste mientras que la Junta financiará y ejecutará por sí o conjuntamente con otras administraciones locales u organismos o entidades participadas o dependientes el porcentaje restante.

La Comisión Mixta de Seguimiento, cuya creación prevé el Protocolo, tendrá también criterio de "priorización" de las actuaciones, según el presidente de la Junta, en virtud de criterios como la urgencia o el beneficio a la población, a lo que la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, añadió que la primera reunión tendrá lugar próximamente para analizar las primeras acciones a licitar y que se recogen en el anexo del Protocolo.

ACUERDO DE "GRAN TRASCENDENCIA"

Tras la firma del convenio, la ministra del ramo, Elena Espinosa, consideró que se trata de un acuerdo de "gran trascendencia" para los ciudadanos de la Comunidad, tanto de las capitales de provincia como de los municipios, que podrán comprobar cómo la depuración facilita que las aguas de los ríos discurran "claras".

"Un ciudadano tiene el mismo derecho de calidad de las aguas viva en un ayuntamiento de 100 habitantes o en una capital", aseveró la ministra, quien recordó que estas competencias pertenecen a los ayuntamientos desde el año 1984 aunque los gobiernos regional y central colaboran económicamente debido a las dificultades de las administraciones locales de afrontar estas inversiones.

La totalidad de las actuaciones deberá haber comenzado a fecha de 31 de diciembre de 2015, recordó Espinosa, quien atribuyó a un "ejercicio de responsabilidad" tanto del Gobierno como de la Junta la ayuda a los municipios en materia de depuración, argumento con el que explicó la ausencia de un Plan desde finales de 2006, fecha de fin de vigencia del primero, y hasta la firma hoy del segundo, y a lo que añadió que la inversión del Gobierno en aguas entre 2004 y 2009 en Castilla y León fue de 1.067 millones.

En esta misma línea, Juan Vicente Herrera defendió las "dificultades" del proceso de trabajo llevado a cabo por haber tratado con "tantos interlocutores" como núcleos de población beneficiados y ensalzó la apuesta "muy decidida y muy constante" de la Junta y de la propia Comunidad en este campo, en el que se invirtieron más de 800 millones desde principios de la década de los 90.

Tras cifrar en 100 los millones movilizados por el Ejecutivo autonómico entre los años 2007 y 2009 para la contratación, "en solitario", de 52 actuaciones dirigidas al tratamiento de aguas residuales en municipios de más de 2.000 habitantes y destacar lo "comprimido" de la exigencia europea de alcanzar el objetivo de depuración en 2015, el líder del Ejecutivo regional puso de manifiesto la "voluntad" de las dos administraciones de transmitir a los ciudadanos un mensaje de "implicación" y de coordinación.

"No puede haber compartimentos estancos", aseveró antes de reconocer que este II Plan se constituye en "uno de los ejes esenciales" de la política de convergencia interior de Castilla y León ya que, añadió, gran parte de las acciones previstas se dirigen a los municipios de la Comunidad.