VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida de Valladolid ha solicitado a la Diputación provincial la elaboración de un catálogo de los vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco que se encuentren en los municipios de la provincia y a colaborar con los municipios afectados en la retirada de dichos vestigios recogidos en el catálogo.
En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de IU han recordado que en varias ocasiones han pedido a esta Institución que se inste y se colabore con los municipios de la provincia en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Ahora, su objetivo es que, una vez elaborado ese catálogo, se inste nuevamente a los municipios afectados al "obligado" cumplimiento le la Ley de la Memoria Histórica.
Según ha detallado IU, han transcurrido seis años desde la aprobación de la citada Ley, más de cinco desde la primera proposición que el Grupo presentó en el salón de plenos y un año desde la última vez que se debatió este asunto, tiempo que consideran "más que suficiente de poner a disposición de los ayuntamientos de la provincia, todos los mecanismos necesarios para poder cumplir con la Ley".
Desde esa última vez que se debatió el asunto, en enero de 2013, según IU solamente un municipio ha llevado a cabo el mandato dado por la Ley 52/2007, por eso, consideran que se debe "seguir insistiendo en la aplicación de las leyes, ya que el cumplimiento de estas no es algo a lo que uno pueda acogerse o no en función de sus pensamientos, creencias o preferencias".
Además, han apuntado que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha obligado al Ayuntamiento de Valladolid mediante sentencia a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura dentro del mes siguiente al de la notificación de la misma.
"La obligación de cumplir las leyes", dice la sentencia citada por IU "es connatural a un estado de derecho y si una norma con rango y forma de ley impone una determinada conducta, debe llevarse a cabo. Nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no le corresponde a la administración ponderar su cumplimiento, sino cumplirla, de tal manera que si una norma impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato".