ZAMORA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que cada día en España se produzcan 390 denuncias por violencia de género, y ha lamentado la reducción del 26 por ciento en el presupuesto para luchar contra esta lacra social.
La diputada socialista ha asegurado que una sociedad que mira para otro lado en un tema tan importante es una sociedad "en la que faltan pilares importantes".
Así se ha expresado en Zamora poco antes de participar en un encuentro-café en el Parador de la capital para hablar sobre violencia de género e igualdad, donde ha estado acompañada, entre otros, por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.
Ante los medios, Robles ha recordado que con la denominada 'Ley Zapatero' se crearon muchos juzgados de violencia de género, pero ha mostrado la importancia y necesidad de dotarlos de medios necesarios para proteger a las mujeres, ya que de lo contrario son inservibles.
En este mismo sentido ha apelado a un mayor esfuerzo desde las escuelas, familia y sociedad en general, y ha puesto como ejemplo el caso de una menor que tras ser maltratada en plena calle por su pareja justificaba lo sucedido algo que "quiere decir que no se está siendo lo suficientemente contundente con este problema".
A su lado, Tudanca ha admitido que en Castilla y León también es necesario hablar de igualad y de una ley que elimine una brecha salarial que ahora mismo puede estar en el 25 por ciento.
JUSTICIA COLAPSADA
Además de la Violencia de Género, Margarita Robles se ha referido a la situación general de la justicia que también ha tildado de preocupante con jueces "colapsados por el trabajo". Asimismo ha lamentado el "techo de cristal" que sufren las mujeres para llegar a altos cargos por, en muchos casos, prejuicios machistas.
Robles ha criticado las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al decir que no hay mujeres a partir de 40 o 45 años con cualificación suficiente para estar en el Tribunal Constitucional, algo que ha calificado de ofensa para las juristas.