Un trabajador cobrará una indemnización de 131.790 euros por una exposición inadecuada al amianto

BURGOS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la empresa Hispano Química S.A. al pago de una indemnización de 131.790 euros en favor del trabajador Justino Calvo, por incumplir la normativa preventiva de exposición al amianto que le ha causado graves secuelas en su salud y al que se le ha reconocido una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual.

El Alto Tribunal reconoce la responsabilidad de las empresas HQ Prosider Ibérica S.A y PI Prosider Ibérica S.A, con lo que las condena al pago de la indemnización citada de forma solidaria por daños y perjuicios.

La sentencia considera probado que la empresa Hispano Química, S.A. incumplía desde el año 1972 la normativa aplicable en materia de amianto, material muy contaminante para los trabajadores y ante cuya exposición inadecuada puede causar graves enfermedades sobre todo en las vías respiratorias como cáncer de pulmón e incluso la muerte.

La Inspección de Trabajo concluye que "existen indicios fundados para prensar que la actual empresa P.I Prosider Ibérica no puede desconocer la realidad que existía en el centro de trabajo cuando en éste se encontraba la empresa Hispano Química, S.A.".

Para el secretario provincial de UGT en Burgos, Roberto Gómez, "esta sentencia marca un referente en Castilla y León ya que reconoce la responsabilidad tras una sucesión de empresas, señalando como culpables de igual manera a la empresa titular en ese momento, cuando se dañó la salud de los trabajadores por el contacto con el amianto, como a las empresas que las sucedieron posteriormente".

Desde la puesta en marcha por UGT en Burgos, de la campaña de asesoramiento e información a trabajadores con historial de exposición laboral al amianto, el sindicato ha recibido numerosas consultas sobre el tema, tanto de trabajadores como de autónomos de más de cuarenta empresas de la capital y provincia.

A día de hoy, según Roberto Gómez, "tenemos sospechas, más que fundadas, de que al menos cuatro empresas de Miranda de Ebro y tres de Aranda de Duero pudieran haber expuesto a sus trabajadores al amianto sin suficientes garantías de seguridad".

En la actualidad, un caso similar al vivido por Justino Calvo lo protagoniza otro trabajador, Fernando García. De momento, su situación se encuentra en vía judicial y espera que en las próximas semanas se resuelva a su favor.

Para Roberto Gómez, los afectados por una exposición inadecuada al amianto "tienen una condena de muerte. Saben que su enfermedad es incurable y aunque no se les puede devolver su salud o la vida UGT seguirá luchando para que estos casos salgan a la luz y, por lo menos, sus familias tengan una compensación económica importante".