UGT teme que se extienda la privatización de la seguridad en prisiones si la experiencia piloto de Interior es eficiente

SEGOVIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT teme que la privatización de la seguridad en centros penitenciarios se extienda por el país si la experiencia piloto puesta en marcha por el Ministerio del Interior en 21 prisiones refleja efectividad y eficiencia.

El proyecto piloto contempla la incorporación de vigilantes de empresas de seguridad privada en la custodia de las cárceles como refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según UGT, de obtenerse buenos resultados, esta modalidad será ampliada a otros complejos. "Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar", ha manifestado el responsable de FSP-UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, durante una rueda de prensa para dar a conocer la constitución en la provincia de la Unión Federal de Policía (UFP), vinculada al sindicato.

El secretario general de UFP, Javier Arrillaga, quien ha estado acompañado por el secretario de Organización de la organización, Agustín Vigo, y el secretario provincial de la Unión, Álvaro Hernández, ha rechazado la privatización de esta actividad por la necesidad de ofrecer un servicio público y profesional de vigilancia en los centros penitenciarios.

Este deseo de privatizar afecta, según ha explicado Mateo en declaraciones recogidas por Europa Press, tanto a la seguridad exterior como interior de las cárceles. Al respecto, ha recordado que un estudio que llegó a la Mesa General de Instituciones Penitenciarias revela que se podría reducir la plantilla de prisiones en torno al 20 ó el 30 por ciento y ha advertido de que las bajas no se están reponiendo, por lo que se teme que el Gobierno recurra a empresas para cubrir servicios como los de vigilancia o apertura de módulos, asumidos por funcionarios.

"Y no hay que olvidar que las compañías de seguridad son grandes holdings de empresas que están dominadas por el gran capital a nivel nacional e internacional", ha apostillado.

Arrillaga ha señalado que las medidas de Interior contrastan con las tomadas en relación a eventos privados, como los organizados por la Liga de Fútbol Profesional. En este sentido, ha vuelto a rechazar "dádivas" a esta organización y a reclamar la regulación a través de un canon de la puesta en marcha de los dispositivos de seguridad en eventos o espectáculos deportivos.

"La UFP ya denunció que en eventos públicos, donde se produce beneficio para empresas privadas, hay que dar servicio de seguridad pública. No estamos de acuerdo con el copago en seguridad, pero sí con el abono de un canon igual que se hace con la Vuelta Ciclista", ha incidido.