BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unos 200 interinos de prisiones han protestado este miércoles por la tarde ante las puertas del Parlament después de que la Cámara rechazara modificar el artículo de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que fijaba reducir un 15% la jornada laboral y la retribución de los trabajadores de rehabilitación de las cárceles catalanas, además de otros colectivos de interinos.
Pese a congregar el apoyo de todos los grupos parlamentarios --a excepción de CiU-- y las movilizaciones de las últimas semanas, los sindicatos no han podido evitar que Convergencia votara en contra de la modificación del redactado.
Desde las 16 horas que grupos de trabajadores hacen guardia ante el edificio y, tras la votación, han lanzado huevos a los diputados que salían del Parlament, abucheándoles con gritos de 'ladrones'.
La intención de los funcionarios de prisiones, que se ha visto frustrada, era que se incluyera a los interinos que se encargan de la rehabilitación en las cárceles catalanas dentro de los colectivos que quedaban exentos de la medida.
El proceso legislativo impide que se incorporen nuevas enmiendas al texto una vez aprobado el dictamen en comisión parlamentaria a no ser que se haga por unanimidad, por lo que el rechazo de CiU impide que se incluyan nuevas excepciones al ajuste.
En un manifiesto, los funcionarios de prisiones han lamentado la intención del Govern "de recuperar un modelo penitenciario en el que primará solo la custodia y vigilancia en detrimento de la reinserción y la rehabilitación".
Este jueves los sindicatos de prisiones --Catac, CC.OO., UGT y Csif-- se reunirán para decidir si realizan más movilizaciones a partir de ahora.
Por otro lado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios ha convocado a los funcionarios en la mesa sectorial para aprobar definitivamente el convenio laboral que acordaron y que ratificaron en los trabajadores en referéndum.
Precisamente, al percatarse que los compañeros interinos quedaban afectados por el recorte del 15% de los interinos, los funcionarios de prisiones congelaron el acuerdo en la mesa general para presionar al Govern.