Los 23 puntos que Mas presentó a Rajoy incluyen medidas económicas, cultura y obra pública

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha hecho público este jueves el documento con los 23 puntos que el presidente catalán, Artur Mas, entregó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con sus demandas al Estado en economía, cultura, educación e infraestructuras.

Una de sus principales reivindicaciones es que se permita a la Generalitat un mayor objetivo de déficit en 2015 y que el Estado incremente sus aportaciones, porque el límite del 0,7% vigente es de "difícil cumplimiento".

El Govern pide ser compensado por el Estado tras la anulación del impuesto autonómico que grava los depósitos bancarios, y le exige que cumpla con los compromisos derivados de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que establecía que la inversión del Estado hasta 2014 en obras públicas catalanas debe equipararse a la contribución que hace Catalunya al Producto Interior Bruto (PIB) de toda España.

Cuestiona la reforma eléctrica estatal --advierte de las "consecuencias negativas que conllevará" a nivel económico, social y medioambiental-- y lamenta la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, porque invade las competencias autonómicas y sitúa al Estado en un papel de tutela.

En infraestructuras, aprecia que en diez años la inversión del Ministerio de Fomento y sus empresas públicas se haya reducido en un 50%, el doble que en el conjunto de las autonomías, donde la reducción ha sido del 25%.

Insta al Estado a impulsar un tren lanzadera entre la T1 del Aeropuerto de Barcelona y el centro de la ciudad, un proyecto que, según recordó Mas en rueda de prensa este miércoles tras reunirse con Rajoy, hay inversores privados en hacerla, con lo que no costaría ni un euro a las arcas estatales.

Reclama que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) incluya todos los municipios de la provincia de Barcelona y que el Estado incremente su aportación a este organismo, ya que entre 2010 y 2014 se redujo en un 38%.

SALUD Y ENSEÑANZA

En los últimos tres años, Catalunya ha recortado su gasto sanitario en un 14,9% "y ya no es posible seguir ajustándolo sin que repercuta la calidad del servicio", por lo que insta al Estado a mejorar su financiación.

También ve "insuficiente" el fondo que da el Estado a las autonomías para dar cumplimiento con la Ley de la Dependencia, y critica que los recursos destinados a políticas activas de empleo se haya reducido en un 9%, un punto y medio más que la media española.

Otra de sus demandas es la territorialización del 0,7% de la declaración del Impuesto de la Renta destinada a fines sociales, algo que debería haberse hecho de acuerdo con 12 sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Cuestiona también la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) porque invade las competencias exclusivas en materia de entes locales, y que se hayan incrementado el número de recursos que ha presentado el Govern contra el Estado por vulnerar las competencias autonómicas.

Asimismo, el Govern critica que no haya recibido ninguna transferencia por las tasas judiciales y lamenta que no se haya dado ningún paso para crear el Consejo de Justicia de Catalunya previsto en el Estatut.

En enseñanza, el documento aboga por el mantenimiento del modelo lingüístico educativo e insta al Estado a anular el real decreto que obliga a la Generalitat a financiar el coste de escolarización en castellano en un centro privado de las familias que rechacen el actual modelo de inmersión lingüística.

Reivindican que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) siga gestionando dos múltiplex, como hasta ahora, y que no se permita a la radio y televisión públicas de la Generalitat deducir el IVA a raíz de un canvio de criterio "unilateral y no amparado por ninguna modificación legislativa" por parte de la Agencia Tributaria.

Desaprueba la rebaja de la aportación del Estado en instituciones culturales y en la producción de cine, que se incumpla el acuerdo de devolución de todos los papeles de Salamanca --que no tiene ningún coste económico-- y aprecia que hay un "retraso considerable en el pago de las becas a los estudiantes catalanes, siendo éstos los últimos en cobrar de todas las comunidades".

Arremete contra el Estado por haber recortado su aportación para los centros especiales de trabajo (CET), y también que de forma "unilateral" se haya reducido el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.