Abogados de internos del CIE informan al juez de una agresión en las duchas de Zona Franca

La Policía Nacional asegura que fue el interno quien pegó a un subinspector

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Dos abogados que representan a internos del CIE de Zona Franca de Barcelona han presentado este miércoles una queja ante el Juzgado de Instrucción 30, de vigilancia y control de estos centros, por una presunta agresión de la Policía Nacional a un interno en las duchas del centro, ha informado uno de los abogados a Europa Press.

Según un comunicado de la Campaña por el cierre de los CIE's, la persona, de origen gambiano y a quien le habían diagnosticado problemas de salud mental, fue agredida cuando pidió a los policías que le custodiaban que cerraran la puerta de la ducha, lo que le causó heridas que supusieron su hospitalización.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press aseguran que fue el interno quien agredió al subinspector jefe del turno cuando le reprendió por estar golpeando las puertas del lavabo del centro, golpeándole la cabeza, y que otros tres agentes tuvieron que acudir para reducirle.

Finalmente, los cuatro policías y el propio interno fueron trasladados con heridas leves al Centro de Urgencias de Manso, y las diligencias por estos hechos se remitieron al juzgado de guardia.

La presunta agresión derivó en una huelga de hambre de una treintena de internos que dejaron de desayunar y comer el día 13 de mayo como protesta porque creían que no se le había trasladado al hospital, y según la versión de la Campaña por el cierre de los CIE, al menos un interno fue amenazado por un agente que le profirió amenazas e insultos racistas.

EXPULSIÓN

El interno gambiano fue expulsado el martes 14 de mayo y según los abogados se hizo de urgencia "para que no pudiera denunciar ni probar ninguna situación de maltrato", además de que afirman que el director del CIE trató de impedir la acción de los abogados que acudieron el lunes 13 de mayo a atender al presunto agredido.

La Policía Nacional, sin embargo, asegura que la orden de expulsión se dictó el 9 de mayo, antes de que sucediera el incidente y que en ningún caso está vinculada con lo ocurrido.

Los abogados, que también presentarán una queja ante el Síndic de Greuges, solicitan al juez que investigue estos hechos y que tome declaración a testigos de la agresión, que tome medidas para evitar que éstos puedan ser represaliados, y que también interrogue a los funcionarios que estaban en el turno cuando ocurrieron los hechos y al director del centro, entre otras diligencias.

En el comunicado, firmado por nueve colectivos entre los que están la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Derechos y Papeles para Todos y la Asociación Memoria contra la Tortura, exigen que mientras los CIE no se cierren, que "no se vulneren los derechos de ninguno de los internos".

Asimismo, piden la dimisión del director del centro por "graves vulneraciones al derecho fundamental de asistencia jurídica de los internos" y por las presuntas represalias a las personas que denuncian vulneración de derechos.