Alerta de que las diputaciones se verán obligadas a privatizar servicios básicos
BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha explicado este martes que pretenden reunir el apoyo de unos 1.200 ayuntamientos españoles, que representen a unos siete millones de habitantes, para poder recurrir la ley de Bases de Régimen Local del Estado al Tribunal Constitucional (TC).
En declaraciones a los periodistas tras un desayuno informativo, ha concretado que 1.200 ayuntamientos corresponden aproximadamente a una sexta parte de los que hay en España, y los siete millones de ciudadanos a una sexta parte de los habitantes en el Estado.
Según Buch, si lo consiguen sería la primera ocasión que se utilizaría este mecanismo en democracia y emularían la decisión tomada por la Generalitat de recurrir la normativa al Constitucional.
Buch ha pedido así la colaboración del resto de consistorios del Estado para hacer frente a una ley que, a su juicio, recorta derechos de los ciudadanos y representa un "golpe de Estado" a la autonomía local.
En concreto, ha lamentado que la ley recorte servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos y les prohíba gastar en diferentes ámbitos, como el de los servicios básicos sociales en caso de tener menos de 20.000 habitantes: "El Estado pretende esto. No nos podemos plantear en 2013, con la situación que vivimos, dejar de prestar estos servicios".
También ha criticado que la ley obligue a las diputaciones a ofrecer determinados servicios que no podrán llevar a cabo los municipios de menos de 20.000 habitantes: "No creo que las diputaciones abran oficinas locales de prestación de servicios. Para esto estamos los ayuntamientos", ha ironizado.
Por ello, ha alertado que las diputaciones, con toda probabilidad, acabarán privatizando los servicios básicos de atención a las personas, entre otros, de forma que dejarán de cubrirse con personal público.
DEPURADORAS
Al preguntársele sobre la posibilidad de que el Govern puede privatizar la gestión de las depuradoras, Buch ha asegurado que no tienen una propuesta encima de la mesa a día de hoy, aunque han pedido a la Generalitat que les explique su posicionamiento.
En su opinión, es muy difícil que la Generalitat recupere todas las concesiones de las depuradoras, aunque ha apuntado que todo puede ser posible y que ya se pronunciarán cuando se les concrete la propuesta.
Buch ha recordado que la gestión de las depuradoras es una competencia cedida a la administración local, y que en caso de que la Generalitat quiera recuperarla, estudiarán los posibles perjuicios que puede conllevar para los ayuntamientos y los consejos comarcales.
Así, ha explicado que no renunciarán a exigir a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que les desvinculen con los problemas que sufren muchos ayuntamientos por parte de la fiscalía medioambiental: "Nos imputan a los alcaldes cuando no tenemos la obligación de tener la infraestructura hecha".